El parque público de alquiler social suma 50 viviendas cedidas por Liberbank

Además, ha agradecido la colaboración de Liberbank por responder a la propuesta del Gobierno de Cantabria, «que ha fructificado en un acuerdo que permitirá a medio centenar de familias en situación de vulnerabilidad mejorar sus condiciones de vida y tener una nueva oportunidad».

Por su parte, la consejera Ana Belén Álvarez ha explicado que una parte de estas viviendas irán destinadas a atender los casos de emergencia habitacional, mientras que otra parte se pondrá a disposición de aquellas unidades familiares que sin tener que enfrentarse a una ejecución hipotecaria están atravesando dificultades sociales y económicas. Este tipo de actuaciones se coordinarán con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Álvarez ha apuntado que esta actuación complementa a las 22 viviendas de protección oficial situadas en Campuzano que el Ejecutivo decidió poner a disposición de otro de los colectivos que más dificultades tiene para desarrollar un proyecto de vida, como son las personas jóvenes.

A este respecto, ha recordado que el próximo 29 de febrero concluirá el plazo para registrar la solicitud y participar en el sorteo de una de estas viviendas, que tienen un precio medio de alquiler de 287 euros.

Los términos del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Cantabria y Liberbank, con una vigencia de cinco años que puede ser prorrogado, contempla que la Consejería de Empleo y Políticas Sociales se hará cargo de la gestión de los inmuebles cedidos y seleccionará a los beneficiarios de las viviendas en el marco de sus programas sociales.

Los inmuebles, que actualmente se encuentran sin inquilinos, están ubicados donde existe mayor demanda de vivienda: Santander, municipios del Arco de la Bahía y Torrelavega.

En caso de que sean necesarias obras de adecuación para garantizar la habitabilidad de las viviendas, el Gobierno y Liberbank asumirán su coste al 50 por ciento.

Con estos nuevos inmuebles, el parque público de vivienda en alquiler de Cantabria se eleva hasta 332 viviendas, destinadas a personas cuyos recursos económicos no son suficientes para acceder al mercado libre, a aquellas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional, o a personas en exclusión social.