CCOO pedirá al nuevo Gobierno que intervenga MARE y que «acabe con la corrupción en las empresas públicas»

«Queremos que, de una vez por todas, las empresas públicas y las fundaciones de Cantabria sean transparentes», y por eso, CCOO pedirá también al nuevo Parlamento regional que «de verdad se hagan las comisiones de seguimiento para tutelar las empresas públicas y fundaciones» porque los presidentes de los patronatos de las fundaciones públicas y de los consejos de administración de las empresas públicas son «los consejeros del Gobierno de Cantabria».

Así lo ha subrayado este miércoles en rueda de prensa el responsable de Empresas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria, Carmelo Renedo, quien ha asegurado que este sindicato «no da por zanjado el tema» de MARE, donde se ha «perdido otra legislatura en la que hemos ido a peor».

El director de Mare, Felipe Lavín, ha respondido recordando que en la última legislatura la Intervención General del Gobierno de Cantabria ha realizado dos auditorías de la empresa pública, una sobre el sistema de contratación y otra sobre la gestión de recursos humanos. Según Lavín, las auditorías han puesto e manifiesto la apuesta del Ejecutivo por la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y la calidad del servicio público que presta.

CCOO quiere que tanto MARE como el resto de empresas públicas sean «controladas y supervisadas» desde el Gobierno de Cantabria, «exigiendo las responsabilidades máximas a los consejeros» y al Parlamento, para que «de verdad velen por la transparencia y por evitar que el dinero público se vaya por los desagües».

Renedo se ha referido a la auditoría realizada a MARE en 2017, de la que informó el 4 de junio la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, quien anunció entonces que la empresa reclamará a 58 trabajadores un total de 374.004 euros abonados indebidamente entre los años 2008 y 2015.

Al respecto, el responsable de CCOO ha opinado que Díaz Tezanos tendría que ser «más comedida» al realizar este tipo de declaraciones porque, en su opinión, «lo primero que tiene que hacer, antes de pedir a los trabajadores devolver esos dineros..., es delimitar las responsabilidades de quién lo ha hecho».

«Antes de ir a pedir a un trabajador 200 euros que tiene que devolver, me gustaría pedirle por responsabilidad política a la vicepresidenta y a la exdirectora de MARE, Rosa Inés García, que delimiten las responsabilidades: quién, durante cuatro años, ha estado haciendo eso y quién ha consentido eso«.

Tras recordar un caso similar en otra empresa pública (Cantur), Renedo ha advertido que los trabajadores de MARE «se van a defender». «Pero pedimos que por responsabilidad y ética política, primero depure las responsabilidades donde las tiene que depurar: con la directora general que había y con algunos directores de departamentos, que son los responsables de que todas estas irregularidades se hayan cometido«, ha dicho.

Además, Renedo ha afirmado que se siguen cobrando este tipo de sobresueldos. «Evidentemente: no se ha corregido nada», ha asegurado, afirmando que no se ha pedido el dinero a los trabajadores ni se han implementado 14 recomendaciones, como dijo la vicepresidenta. «No se ha hecho nada», ha enfatizado.

Renedo ha recordado que la auditoría de MARE se refiere exclusivamente al año 2017, cuando la presidenta del Consejo de Administración era Díaz Tezanos y la directora, García. Y ha pedido explicaciones de por qué el interventor general no firmó la auditoría alegando incompatibilidad.

La auditoría detectó irregularidades manifiestas y reiteradas de los contratos de trabajo y la selección de personal en MARE; e irregularidades en cuestiones salariales.

En este sentido, ha subrayado que «en ningún caso, ningún trabajador de MARE, sobre todo los que no tienen responsabilidades, son culpables de esto y CCOO no vamos a permitir que se demonice a MARE». Según Renedo, el «99% de la plantilla» de MARE son trabajadores profesionales que cumplen sus cometidos y «si hay alguien por arriba que tiene responsabilidades, vamos a pedir que se designe».

El responsable sindical ha recordado que el convenio colectivo en vigor de MARE caducaba en 2011 y en 2017 y 2018 se creó una mesa de negociación entre el comité y dos asesores externos contratados por MARE que cobraron más de 100.000 euros. Una comisión que «cuando a la dirección de MARE no le interesó» no se volvió a convocar tras 14 meses de reuniones, por lo que ha pedido responsabilidades a Rosa Inés García.

En cuanto a las irregularidades detectadas por la auditoría en contratación, CCOO ha recordado sus propias denuncias de «clientelismo, amiguismo y opacidad desde hace mucho tiempo», y ha señalado algo «más grave» que refleja, como es la falta de documentación en los expedientes de procesos selectivos. Por ejemplo, la solicitud de participación en «supuestos» procesos selectivos tenía dos direcciones de correo que no eran de la empresa sino particulares, «y aún no se sabe quiénes eran los responsables», ha lamentado Renedo, que ha pedido que se siga investigando «hasta el final» esta «manipulación de la contratación».

Respecto a las irregularidades económicas, ha afirmado que eran «vox populi en MARE», donde se ha hecho «compra de voluntades, amiguismos y negocios en función de los incumplimientos de convenio en los salarios de MARE». Renedo ha asegurado que se han »saltado« el convenio colectivo, la Ley de Estabilidad presupuestaria y las leyes de Presupuestos de Cantabria en cuanto a subidas salariales y retribuciones. Y también, que los que solicitaban las dietas y desplazamientos eran los mismos que autorizaban sus cobros, incluso por encima del tope legal.

En relación a las 42 recomendaciones que recoge la auditoría para implementarse «ya», «es falso que 14 estén implantadas», ha sostenido Renedo en contra de lo afirmado por la vicepresidenta de Cantabria, con la salvedad de «pasar de un contrato de circunstancias de la producción a otro de interinidad».

En este sentido, ha recordado que el director de Recursos Humanos de MARE «salió» de la empresa por baja voluntaria al tener un expediente abierto cobrando «una indemnización sustancial», cuando «el 50% de la auditoría es de fraude en la contratación de personal y de retribuciones de los trabajadores», dependientes de este departamento.

Finalmente, también ha dicho que es «falso» que haya 12 medidas en proceso de ejecución. «No se está haciendo nada y en mesas de negociación se siguen desoyendo las recomendaciones de la auditoría, todavía ayer», ha asegurado Renedo.

Para concluir, ha recordado que el 28 de agosto de 2015, cuando tomaron posesión la directora general de MARE y la presidenta del consejo, el comité de empresa presentó un documento en el que vienen recogidas «las medidas que había que corregir de manera urgente» y que corresponden «prácticamente con las irregularidades manifiestas que recoge la auditoría». «Por lo tanto, no pueden decir que lo desconocían, porque no han hecho nada; todo lo contrario«, ha enfatizado.

Lavín ha destacado el ejercicio de transparencia y la supervisión que el Gobierno de Cantabria ha llevado a cabo durante esta legislatura.

«Mare ha sido auditada dos veces, una en 2016 sobre contratación y otra sobre la gestión de recursos humanos, que hemos conocido el pasado mes de mayo, y ahora lo que hace falta es seguir ejecutando las recomendaciones que nos ha hecho la Intervención General y que el sindicato CCOO diga la verdad, actúe con responsabilidad y trabaje por el futuro de MARE, que es la mejor garantía para los puestos de trabajo», ha señalado Lavín.

Ha recordado que la empresa ha «ejecutado el cien por cien» de las recomendaciones sobre contratación que realizó la Intervención General de la Comunidad Autónoma tras la auditoría de 2016 y «a día de hoy Mare es una empresa más eficiente, con menores tiempos y costes en los procedimientos administrativos, y solvente económicamente».

Además, ha insistido en que ya están en marcha 14 de las 42 recomendaciones que ha hecho la Intervención General en materia de personal, y que en el plazo de un año estarán cumplidas el 100 % «poniendo en orden la gestión de los recursos humanos y las retribuciones en la empresa pública».