UGT exige a Escrivá suavizar las condiciones de acceso a la jubilación para llegar a un acuerdo

Pero, lejos de acercar posturas en este mes, parece que aún se distancian más. Encima de la mesa hay ahora nuevos elementos en la negociación que impone UGT: suavizar las condiciones para acceder a una pensión contributiva si quieren recibir su apoyo a la nueva norma que pretende ampliar el número de años para calcular la pensión y elevar las bases máximas de cotización. Así lo desveló este lunes su secretario general, Pepe Álvarez, durante el tradicional encuentro informativo que mantiene con los medios de comunicación a inicio de curso.

Concretamente, el sindicato pidió reducir los actuales 15 años de cotización mínima que se exigen para acceder a una prestación contributiva a 12 años y, además, eliminar el requisito de que dos de esos años se hayan cotizado en los 15 años anteriores a la jubilación y cubrir lagunas de cotización para reducir la brecha de género en las pensiones.

«Somos el país que más exigencias tiene a la hora de acceder a una pensión contributiva», denunció Álvarez, que señaló que los sistemas europeos tienen un acceso a la jubilación «mucho más fácil que el nuestro», hasta el punto de que «ninguno» exige más de 10 años para optar a una prestación contributiva. Por ello, el asturiano defendió que debería bajarse hasta los 12 años y que las personas cobren proporcionalmente la parte de pensión que les correspondería. «¿Por qué cualquier trabajador que no tiene cotizados 15 años mínimo no tiene derecho a percibir ningún tipo de pensión contributiva?», se preguntó.

De igual manera, UGT también quiere reabrir en esta negociación una medida que ya se debatió y aprobó hace un año en la primera fase de la reforma: los coeficientes reductores a la jubilación anticipada. En este caso quiere «revisarlos» de nuevo para aplicar un tratamiento más suave que mejore la pensión y no penalice tanto a aquellos trabajadores que tengan largas carreras laborales. Así, pretende disminuir las penalizaciones para la jubilación anticipada de quienes han trabajado más de 40 años.

Álvarez comparó de nuevo con Europa y esgrimió que todos los sistemas de Seguridad Social de la UE tienen una penalización diferente para las personas con largas carreras de cotización, de 35 o 40 años, mientras que «en España, no». «Esto hay que revisarlo», defendió.

Cabe recordar que el actual esquema de coeficientes reductores sí discrimina por años de cotización y aplica penalizaciones menores a quienes han trabajado más años. Así, se recorta la pensión entre un 17% y un 2,96% si han cotizado más de 41 años y seis meses, mientras que la penalización se reduce a entre un 13% y un 2,81% si han cotizado más de 44 años y seis meses, bastante inferior a esa horquilla de entre el 21% y el 3,26% en que puede caer la cuantía para los que hayan trabajado menos de 38,5 años.

Álvarez justifica ahora estas nuevas exigencias porque defiende que si se va a actuar sobre lo favorable que tiene el sistema de pensiones español, es decir, que tiene unas prestaciones más generosas que el resto de países, si finalmente se amplía el periodo de años que se utilizan para calcular la pensión, también se tiene que intervenir en lo «malo», que es que tiene unas exigencias mayores. «El acuerdo tiene que ser equilibrado en sí mismo. La suma y la resta de lo que se pagará de más y se ahorrará tiene que ser cero», abogó.

Desde SeguridadSocial rechazan hacer ninguna valoración, aseguran que «siguen trabajando» en alcanzar un acuerdo que –confían– se cierre este mismo mes de enero. No obstante, desde UGT descartan un «acuerdo inminente» y contemplan que se dilate «unos meses», ya que además exigirán antes de llegar a un pacto que se «visualice» que existe una «mayoría parlamentaria» suficiente para poder aprobar la norma.

Además, el sindicato mostró su posición «militantemente contraria» a la contratación en origen de trabajadores extranjeros para cubrir vacantes cuando hay más de 2,8 millones de parados, otra ley que espera ver la luz en breve. Lo que sí reclamó Álvarez «de manera inmediata» es subir el salario mínimo a 1.100 euros al mes. «No hay excusas de ningún tipo para no subirlo. Nadie ha podido demostrar que tenga efectos negativos sobre la creación de empleo», señaló.