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No habrá pensiones mínimas de 1.080 euros. El Gobierno reconoce que comparte este deseo con las asociaciones de pensionistas que así lo vienen reclamando en los últimos meses -con especial relevancia en el País Vasco y Navarra-, pero admite que se trata de un ... imposible, al menos en el corto plazo.
«Ya me gustaría, a mí y a todo el Gobierno», contestó la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, cuando le preguntaron si el Ejecutivo se comprometía a que el año que viene haya unas prestaciones mínimas de 1.080 euros y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. «El Gobierno no se puede comprometer porque mentiría», se justificó tras la reunión que este lunes mantuvo con el Movimiento de Pensionistas de Vizcaya. Así, argumentó que «ahora mismo el Gobierno -y toda la sociedad- debe tener claras dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y la sostenibilidad financiera del sistema».
Y esto sería imposible si aceptaran incrementar las pensiones mínimas por encima de los 1.000 euros al mes, puesto que entonces supondría subir la nómina a siete de cada diez beneficiarios y completar la prestación a casi seis de cada diez jubilados, por lo que el gasto público se dispararía hasta niveles insospechados.
Lo que sí quiso es tratar de tranquilizar a los jubilados asegurándoles que no perderán poder adquisitivo, puesto que Valerio resaltó que el acuerdo alcanzado la semana pasada en el Pacto de Toledo «no acepta otras interpretaciones» más que las pensiones se revalorizarán según el IPC real. De esta forma es cómo la ministra quiso zanjar el debate que sobre si el texto acordado por todos los grupos parlamentarios -salvo Esquerra- abre la puerta a introducir otras variables adicionales además de los precios.
Así, la ministra dejó claro que a lo que abre la posibilidad la subida «en base al IPC real» es a actualizar en enero las pensiones con el dato definitivo de la evolución de la inflación, con lo que aseguró que este año y el que viene los jubilados recibirán «una paguilla» con la diferencia entre el IPC previsto (1,6%) y el que finalmente se produzca. «Es la misma dinámica que existía antes de la reforma del año 2013 del PP», explicó Valerio en respuesta a las dudas que le han formulado los pensionistas.
Y todo esto sucedía durante otra jornada de movilizaciones de los pensionistas, que se manifestaron en más de medio centenar de ciudades españolas con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Bajo el lema 'Más que el IPC. #PensionesDignas. Ley de Dependencia', centenares de personas marcharon por el centro de Madrid hasta llegar a las inmediaciones del Congreso de los Diputados. A la Cámara Baja accedieron representantes de los dos sindicatos convocantes, UGT y CC OO, para presentar a los grupos parlamentarios un manifiesto en el que reclamaban poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público y pedían que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. En este sentido, exigieron que al amplio consenso logrado en el Pacto de Toledo sobre la revalorización conforme al IPC se materialice en las Cortes y se pueda llevar a una Ley General de la Seguridad Social.
Además, los sindicatos exigieron derogar los recortes en sanidad así como implantar de manera completa la Ley de Dependencia y establecer medidas eficaces contra la pobreza energética, entre otros.
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