«Somos muy mayores y si nos siguen complicando el cobro de las mutualidades muchos no veremos ese dinero»

El conflicto viene porque Hacienda permitió desde marzo de 2024 que los pensionistas reclamaran la devolución del IRPF de los últimos cuatro años no prescritos (2019-2022) por las aportaciones a las antiguas mutualidades laborales a través de un sencillo formulario online y se devolvería en un único pago. Sin embargo, desde el 22 de diciembre de 2024, el Ejecutivo dejó sin efecto los formularios sobre los que aún no se hubieran realizado las devoluciones, obligando a los afectados a reclamar un pago por año. Este 2025, el de 2019; en 2026, el de 2020; en 2027, el de 2021, y en 2028, el de 2022. Eso supone una carga burocrática que los sindicatos rechazan no sólo porque ya había un acuerdo que el Gobierno «se ha saltado unilateralmente», sino porque se complica el cobro a personas «que son muy mayores, muchos por encima de los 80 años», explican en las protestas de Santander el secretario general de Comisiones Obreros de la federación de pensionistas, José Antonio Sánchez, y el miembro de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Francisco Calderón.

Los sindicalistas reclaman que se siga con el plan establecido y se abone «sin más papeleos» a los afectados la cuantía, más cuando en la declaración de este año ya se les pagó a los que así lo solicitaron la cantidad correspondiente a 2018 por lo que «ya hay un reconocimiento aprobado». Además, Sánchez y Calderón ponen el foco en algunas comunidades como en País Vasco «la Hacienda foral ya les ingresó la cantidad íntegra sin necesidad de grandes trámites a los afectados, mientras que el resto de la Hacienda estatal está exigiendo una burocracia excesiva».

El «caos» que hay con las antiguas mutualidades no queda ahí, porque incluso se producen desigualdades dentro de la misma comunidad. «Yo tengo compañeros que ya han cobrado todo lo que se les había reconocido de una vez», comenta Miguel García, uno de los asistentes esta mañana a la concentración de Santander. En su caso era trabajador de Astander y explica que «se produce una discriminación grave porque compañeros míos, misma comunidad y misma empresa, ya tienen el dinero correspondiente», mientras que él únicamente ha cobrado menos de 2.000 euros cuando se le adeudan en torno a 8.000. «No pueden seguir complicando el cobro porque mucha gente se va a quedar por el camino, somos muy mayores», insistía.

A otro de los jubilados asistentes a la manifestación en la sede de la calle Calvo Sotelo, Juan Antonio Mier, sólo se le han abonado 800 euros con la declaración correspondiente de 2023, que en su caso «fue fácil porque sólo hubo que rellenar un formulario». Ahora dice que no tiene confirmación de que llegue a ver el resto del montante pendiente. «No sé si tendremos que volver a hacer el proceso porque Hacienda tiene nuestros datos, pero parece que los formularios ahora van a ser distintos y muchos no llegaremos a cobrarlo si nos siguen poniendo trabas». Además, todos ellos ponen el acento en la complicación que supone si el beneficiario fallecer porque, como señalan tanto los sindicalistas como los mutualistas, «eso deja un galimatías todavía mayor a los herederos».