El Pacto de Toledo acuerda volver a subir las pensiones con el IPC real

Éste es el primer acuerdo que alcanzó este miércoles esta comisión después de dos años de trabajo, aunque deberá ser ratificado en la próxima reunión. El consenso no es unánime, puesto que Esquerra no lo ha secundado, pero sí ha sido suscrito por el resto de grupos parlamentarios: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Compromís, según confirmaron fuentes parlamentarias a este periódico.

Con este pacto, se cierra así el debate en torno a la recomendación segunda, cuyo texto dice: «Los pensionistas son, sin duda, unos de los sectores de la población más perjudicados por las variaciones crónicas -generalmente al alza- que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida. Por esa razón la revalorización anual en base al IPC real se presenta como el mecanismo que servirá para conservar el poder adquisitivo de las pensiones».

Otra cuestión será establecer cuál es la inflación real cada año, puesto que puede tomarse de referencia la de noviembre (como se hacía hasta ahora), la de diciembre o la media anual, algo que no se ha concretado en el Pacto de Toledo, que puesto que sus recomendaciones son de carácter general.

Además, el documento precisa que «la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra mejora que cuando lo permita la situación económica pueda aumentar el poder adquisitivo». Y, de igual manera, incluye una crítica explícita al hecho de que «no existe consenso» en torno al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que entró en vigor con la reforma de 2013 del PP, lo que implica, por tanto, su derogación. A su vez, se explica que para cualquier desarrollo ajeno a lo escrito en esta recomendación «ha de hacerse siempre previa consulta y debate en el seno de esta comisión».

Sin embargo, el texto incluye que «la comisión considera esencial, a efectos de generar confianza en la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación 'Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones' aprobada en el año 2011», lo que podría llevar a interpretaciones, puesto que en esa reforma se dejó abierta la puerta a introducir otros elementos además del IPC para la revalorización. Y así lo dejó caer el diputado del PDeCAT Carles Campuzano, precisando que se trataba de un pacto «de mínimos» y que el hecho de volver a la recomendación de 2011 podría permitir introducir otros parámetros como los salarios o el PIB.

En esta línea se manifestó el diputado popular Gerardo Camps: «El IPC es un indicador troncal, pero no el único», precisando que «le corresponde al Gobierno analizar si hay que añadir otros indicadores». De igual manera, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Sergio del Campo, incidió en que la inflación debe marcar la pérdida o ganancia del poder adquisitivo y ser «eje central». Precisamente éstos tres partidos -PP, Ciudadanos y PDeCAT- son los que defendían que el IPC debía ser un «elemento troncal» pero no el único, ya que consideraban que en épocas de crisis igual las pensiones más altas debían subir menos y blindarse solo las más bajas.

No lo entiende así la portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Aina Vidal, que considera que las pensiones no van a depender «de otras cuestiones que no tengan que ver con el IPC». En este sentido, advirtió que si el Gobierno se atreve a moverse en algún otro parámetro que no sean los precios, volverá a encontrarles con los pensionistas «en la calle».

Por su parte, la diputada socialista Mercè Perea valoró el «logro colectivo» que supone este acuerdo que -a su juicio- recomienda que las pensiones se revaloricen de forma «transparente» con la inflación.

De cualquier modo, la medida no será inmediata. La propuesta formará parte del conjunto de recomendaciones que el Pacto redactará para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema y posteriormente deberán ser debatidas y votadas en el Congreso. Una vez que sean aprobadas por la Cámara Baja, el Gobierno tiene que legislar siguiendo, previsiblemente, esas directrices.