Pérez Solís obtiene un respaldo del 96% para liderar de nuevo CSIF en Cantabria

Tras la reelección, Pérez Solís destacó que la nueva ejecutiva combina «renovación y continuidad», con presencia de responsables sindicales que ya estaban en la dirección anterior y nuevas incorporaciones, las de María Eugenia Gómez Diego como secretaria de Organización y Pilar Vía Gómez en el cargo de secretaria general. Además, figuran Manuel Garay como vicepresidente, Luis Alberto Saro de secretario de Acción Sindical y César Tatsuyoshi Hattori, secretario de Tecnología.

En el discurso que dirigió al casi centenar de asistentes al congreso, y ante representantes de las diferentes Administraciones públicas, Pérez expresó la intención del sindicato de «negociar con lealtad», con independencia del color político de los gobiernos. Puso de relieve las reivindicaciones de los trabajadores y se refirió a «los quebrantos y perjuicios» que ha sufrido este colectivo en los últimos años. Desgranó las necesidades sociales que el sindicato «nunca dejará de tomar en cuenta», y manifestó su «inquebrantable decisión» a «seguir luchando y negociando» para recuperar esos derechos. En el caso de los funcionarios, se refirió a la pérdida de un 20% del poder adquisitivo desde la crisis.

El congreso aprobó una modificación «muy ligera» de los estatutos para suprimir la figura de censores de cuentas, la cual, según el presidente, ya «no tiene sentido» dado que aceptan someterse de forma «libre y voluntaria» a auditorias externas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del congreso, el presidente de CSIF España, Miguel Borra, dio un plazo al nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez hasta finales de enero para aprobar en Consejo de Ministros la subida salarial del 2% pactada correspondiente a 2020 para los funcionarios y empleados públicos y, si no lo hace, el sindicato tomará «las medidas de presión oportunas».

Borra indicó que el Gobierno de España tiene, en principio, tres consejos de ministros para aprobar esta subida salarial que beneficiaría a 2,5 millones de empleados públicos -33.000 en Cantabria-. La subida fue acordada por el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF en marzo de 2018, siendo aún presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y ratificada posteriormente por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. Borra reclamó que «las medidas que atañen» a los empleados públicos se «saquen del circuito mediático en el que parece que se van a montar todas las medidas de este Gobierno».

Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo, expresó ante el congreso la voluntad negociadora del Gobierno regional. Por su parte, la consejera de Presidencia, Paula Fernández, se comprometió a trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.