El plan de choque para abaratar la luz impide más ayuda a las electrointensivas

El paquete de actuaciones para frenar la escalada de precios en los recibos incluye que se destinen a recortar cargos de la factura 900 millones recaudados en la subasta de derechos de emisión de CO2. Aquí se produce una paradoja, puesto que la subida constante de los derechos de emisión, uno de los motivos principales que esgrime el sector para explicar esta escalada de precios en la electricidad, igualmente ha conllevado que Hacienda haya elevado notablemente su recaudación en las citadas subastas.

Según las previsiones, los ingresos del fisco por este apartado se aproximarán a los 2.200 millones en 2021. De esa suma, 1.100 millones ya estaban recogidos en los Presupuestos Generales del Estado con objeto de rebajar los cargos de los recibos -déficit de tarifa, sobrecoste de producción en las islas, renovables...-a los que se agregarán los mencionados 900 millones del plan de choque.

Sin embargo, hasta la recaudación citada de 2.200 millones quedaba un remanente de 200, 79 de ellos ya consignados para compensar a la gran industria electrointensiva. El Ejecutivo nacional, después de las reivindicaciones de autonomías, empresas y partidos políticos, avanzó en junio otros 100 millones, algo que el sector insistía en que era insuficiente para competir con empresas homólogas de Alemania o Francia. En esta corriente se situaban gigantes cántabros como Ferroatlántica, Global Steel Wire, Reinosa Forgings & Castings o Bondalti.

La pretensión giraba de nuevo en torno a que la ayuda llegara al máximo permitido por la Unión Europea, que se sitúa en un 25% de la recaudación de las subastas del CO2. Con las estimaciones de comienzos de ejercicio, la 'cifra mágica' acariciaba el entorno de los 220-240 millones. Estas cábalas han quedado totalmente relegadas con las nuevas medidas para abaratar la luz, puesto que los 2.000 millones desviados por el Ministerio de Transición Ecológica abortan la disponibilidad para otros apartados.

Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), subraya que «el real decreto ley está enfocado hacia el consumidor doméstico, claramente. Es cierto que hay algunas medidas que nos alcanzan, pero el impacto es mínimo. La reducción de cargos no nos alivia de manera alguna, como mucho recorta unos céntimos las aportaciones que hacemos. Lo mismo ocurre con el impuesto eléctrico, todas las industrias ya tenían una rebaja del 85%», comienza.

Soto admite que «hay un tema que sí nos atrae, aunque no lo vemos muy claro en la redacción del texto. Las subastas de energía de tecnología inframarginal no emisora abre la puerta a que esa energía que siempre vamos buscando, poder acceder a ella», detalla.

Sobre las compensaciones de CO2, «para este año estimábamos una compensación de 220 millones. Aunque seguimos solicitando esa cuantía máxima está la cosa difícil. Para el año próximo sí que esperamos que las compensaciones vayan alineadas, con una cuantía en el entorno de los 450 millones», adelanta.