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El Gobierno recoge el guante lanzado por los agricultores, que exigen que se pongan ya en marcha una serie de medidas para paliar la grave crisis de precios que atraviesa el sector, y pretende tener lista «antes de que concluya este mes» de febrero la ... prometida reforma de la ley de la cadena alimentaria. De ser así, el ministro de Agricultura, Luis Planas, tendrá que presentar las modificaciones al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo martes, 25 de febrero.
A las organizaciones agrarias no les gustó que les vetaran la pasada semana de la reunión a la que en un principio había sido convocados en el Ministerio de Trabajo. Culpan de ello al vicepresidente Pablo Iglesias, que se ha implicado personalmente en la negociación con el sector, y por eso
APAG Extremadura Asaja anunció este jueves que la próxima movilización será frente a la casa que el líder de Podemos tiene en Galapagar (Madrid).
La organización señaló en un comunicado que seguirán el «consejo» dado por Iglesias de que «sigan apretando» y aumentarán las medidas reivindicativas contra el Gobierno. «En este caso en la figura de su vicepresidente Pablo Iglesias, que se quiere postular como titular de Agricultura y Ganadería», precisaron.
«Estamos trabajando a contrarreloj, me gustaría hacerlo antes de que concluya este mes», admitió este jueves en una entrevista a Onda Cero Planas, quien no obstante reconoció que no será «sencillo» lograrlo ya que «las cosas no son de un día para otro, tenemos problemas». El titular de Agricultura precisó que la reforma que llevó a cabo en el año 2013 el entonces ministro del PP Miguel Arias Cañete se quedó «corta», por lo que ahora toca «mejorarla entre todos».
Como ya avanzó hace unos días, se tratará de una primera modificación urgente previa a la elaboración de un proyecto de ley para adaptar más de treinta artículos a la directiva europea. En esta primera fase de cambios «inmediatos» se incluirá la prohibición de las ventas a pérdidas, una de las principales reivindicaciones del sector, ya que en ocasiones las grandes empresas de distribución ofrecen como reclamo productos a un precio incluso inferior al de producción. Pero también recogerán un aumento del poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como la introducción de una referencia sobre los costes de producción en los contratos escritos y la publicidad de las sanciones graves y muy graves.
«El Gobierno es sensible y llevaremos los puntos más sensibles al Consejo de Ministros», aseguró Planas, que respaldó las movilizaciones que se están llevando a cabo por diferentes puntos de la geografía nacional, ya que han conseguido que «todo el mundo esté hablando de agricultura y ganadería». «Eso es muy importante y me da mucho optimismo», apuntó.
Lo que sí reiteró el ministro durante la reunión que mantuvo ayer con las organizaciones de consumidores es que los precios de venta al público no se verán incrementados, ante la preocupación que éstas le mostraron. Desde FACUA pidieron a Planas que implante un modelo de doble etiquetado, que ofrezca información a los consumidores sobre el precio en origen de los productos, además del de venta al público, para promover la compra «responsable».
A su vez, el ministro se mostró optimista con la negociación que se está abordando ya en Bruselas de cara al próximo presupuesto para la PAC, una vez que se conoce que el borrador redactado supone un recorte del 14% para España, y aseguró que España «intentará sacar lo máximo posible en un consejo que será difícil pero en el que está bien situada».
¿Cuál sería el impacto que podría tener para España el anunciado recorte de la PAC? La agricultura nacional perdería 925 millones de euros anuales de estos fondos para el periodo 2021-2027, según una estimación realizada este jueves por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
La propuesta del presidente del consejo Europeo, Charles Michel, propone un fuerte descenso del gasto agrario en términos reales del 14,1%, más drástico en desarrollo rural (-24%) que en el capítulo de ayudas directas de la PAC (-10,1%). El análisis comparativo realizado por COAG cuantifica este «hachazo» en 54.000 millones de euros repartidos en 7 años para toda la UE, respecto al anterior marco financiero para el periodo 2014-2020. La pérdida anual ascendería a los 7.700 millones de euros, de los que 925 millones corresponderían a España, si se tiene en cuenta que la participación es del 12%.
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