La plantilla de Ecomasa lamenta que la sentencia no implique al Gobierno

Sin embargo, «echamos de menos que no se haya responsabilizado también al Gobierno regional», destacó el representante sindical, al considerar que la empresa pública Sodercán y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) autorizaron y financiaron un proyecto que «desde el principio resultó fallido» y en el que «las verdaderas víctimas han sido 88 familias». Recordó que «perdimos gran parte de la indemnización» por los despidos de Teka que tuvieron que pagar para acceder al nuevo trabajo de la fábrica de estufas de Maliaño.

Gómez mostró su malestar tanto con el anterior Gobierno del Partido Popular, que impulsó la fábrica, como con el actual Ejecutivo PRC-PSOE «a quienes entregamos 72 curriculum para posibles recolocaciones y no se ha realizado ni una».

En definitiva, para los extrabajadores el fallo del Juzgado de lo Mercantil, calificando el concurso de culpable porque la solicitud de insolvencia se hizo con retraso, «era en cierta manera esperado ya que no viene más que a certificar lo que todos ya sabíamos, que las cosas se hicieron mal desde un principio». Gómez insistió en que el Gobierno cántabro «lideró el proyecto» por lo que entiende que debería haber sido considerado responsable junto a los empresarios Andrés de León y Jesús Lavín.

La sentencia, que puede recurrirse, condena a De León a indemnizar a los acreedores en 39.658 euros, y a él y al otro dueño, Jesús Lavín, a cubrir el déficit concursal en aquella parte que no se ha satisfecho en la liquidación de la empresa hasta un máximo de 396.142 euros.

«Hemos sido las víctimas, la parte más débil», reflexionó Gómez, al considerar que fueron utilizados políticamente tanto cuando se impulsó el proyecto «fallido» como cuando luego se prometió una recolocación que nunca llegó.

El concurso de acreedores de Ecomasa supuso el despido de casi un centenar de operarios tres años después de constituirse la fábrica de Maliaño. La quiebra motivó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento regional ya que la inversión pública ascendió a unos 18 millones de euros.

En la sentencia, el juez recuerda que «no se ha formulado petición de afectación por la declaración de culpabilidad del concurso» contra Sodercán, que entró en el capital de Ecomasa en 2013.

El titular del Juzgado de lo Mercantil señala que hubo retraso en la presentación del concurso de acreedores a pesar de que los gestores de Ecomasa sabían de la «situación de quiebra» de la empresa, de lo que se adeudaba a los proveedores y conocían que había «irregularidades tributarias».

Ecomasa entró en concurso en septiembre de 2015, pero desde julio de 2014 se conocía por parte de los dueños la «insolvencia» del proyecto, dice el juez.