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Que la situación que vive la planta de Ferroatlántica en Boo de Guarnizo no es un asunto baladí es una realidad incuestionable. Lo dijo la corporación días atrás al anunciar la aplicación «inmediata» de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se había ... guardado en el cajón tras ser aprobado en febrero, pero que la última subasta de interrumpibilidad eléctrica promovida desde la Administración central resucitó súbitamente. Lo ratificó el Gobierno cántabro, al reclamar a Madrid y Bruselas medidas que alivien la factura energética de este tipo de industria electrointensiva. Ayer la tercera pata del conflicto, los trabajadores, vino a apuntalar la gravedad de los nubarrones.
El comité de empresa se entrevistó con el presidente de la Comunidad, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria, Francisco Martín, un cónclave del que se salió con la conclusión de que el Estado tendrá que tomar cartas en el asunto para aclarar la situación. Empleados y Ejecutivo reclamaron actuaciones «urgentes» para que la planta pueda seguir siendo «competitiva» y evitar un futuro «muy negro» que podría abocar al «cierre».
La alerta la firmó el presidente del comité, Francisco González, que instó a Revilla a que haga «todo lo posible» para revertir una coyuntura que considera «insostenible». «Es inviable la industria electrointensiva en España en estos momentos», advirtió en declaraciones a los medios el sindicalista, que se quejó de que tras la subasta de la semana pasada (que ha adjudicado 1.000 megavatios a la industria por 4,38 millones, con un recorte del 90%) no pueden competir con países europeos del entorno.
«No somos competitivos. No podemos trabajar. El futuro es muy negro», abundó, para indicar que prácticamente toda la plantilla de la factoría cántabra -compuesta en la actualidad por 144 trabajadores- se verá afectada en los próximos meses de enero y febrero por el ERTE planteado por la Dirección debido precisamente al precio de la energía.
Ante esto, propuso que se modifique esa subasta o se haga una nueva, extremo que también defiende el consejero del ramo. Así, para Martín «lo más urgente» es ampliarla, ya que lo habitual era que se subastasen unos 2.500 MW, y con los 1.000 actuales la bonificación económica del megavatio «prácticamente ha bajado a cero» a las empresas españolas.
A ello se suma que las industrias nacionales pagan casi 60 euros por megavatio, prácticamente el doble que en otros países europeos, como Alemania o Francia, donde también tiene fábricas Ferroatlántica y a las que se va la producción en detrimento de la de Boo.
Sobre esa diferencia de tarifas, el consejero opinó que la labor de la UE debería ser «armonizar» los precios, pero lamentó que esté haciendo «justo lo contrario». Martín, que viajó la semana pasada a Bruselas por este motivo, se comprometió a seguir insistiendo ante la Comisión Europea para que haya equidad en el coste de la electricidad para los estados miembro.
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Así, si la situación ya era «mala», la subasta «aún lo ha puesto peor». «A día de hoy no existe apoyo financiero a la electrointesividad en España. No hay decreto de electrointensivos y encima la subasta de interrumpibilidad ha bajado prácticamente a cero en cuanto a la bonificación económica del megavatio a las empresas. Eso no puede seguir así», se quejó.
Al hilo, el titular de Industria advirtió de que el sistema electrointensivo español «no aguanta más meses a estos precios». Por eso, si no bajan, coincidió con el comité de Ferroatlántica de Boo en que los trabajadores están «abocados a dos meses de ERTE, cuando menos».
Tras recordar que desde la administración autonómica vienen avisando del serio «problema» de las electrointensivas, Martín confesó que lleva «dos meses con la sensación de estar clamando en el desierto», por la ausencia de Gobierno en España.
Pese ha ello, destacó que Revilla ha hablado por teléfono con el presiente en funciones, Pedro Sánchez, y también ha llamado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se ha comprometido a aprobar «pronto» el decreto de ayudas a las electrointensivas. Sin embargo, precisó que estas medidas no pueden tardar «seis meses», sino que deben ser «inmediatas».
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