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La plantilla de Fundinorte, la antigua factoría de Greyco en San Felices de Buelna, se concentró ayer frente al Parlamento de Cantabria durante el Pleno de los Presupuestos. Con esta movilización los trabajadores quieren transmitir lo que consideran «el olvido y maltrato» del ... Gobierno regional ante su situación laboral.
Minutos antes del comienzo de la sesión plenaria en la que se debatían las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019, varias decenas de trabajadores mostraron su indignación «contra los distintos gobiernos que no han hecho lo adecuado para que los empleos se mantuvieran y ahora no dan una respuesta digna a quienes se van a la calle».
El candidato de IU a la presidencia del Gobierno de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, mostró el apoyo de su formación a los trabajadores a los que acompañó durante la concentración al estimar que «están siendo ninguneados por la Administración».
Ruiz Salmón conoció de primera mano las condiciones de la plantilla que incluye limpiadoras, fundidores y otro personal. El comité de empresa está negociando actualmente el ERE para medio centenar de operarios, muchos de ellos en la franja de edad entre los 50 años y la jubilación.
«Si los recortes fueran en los sueldos de los que se sientan ahí dentro», en referencia a los diputados del Parlamento, «andarían listos para que esta situación no se diese», según explicó algún trabajador al representante de IU.
«Los propios trabajadores nos cuentan que no les llega la información, o les llega tarde a sus representantes sindicales», apuntó Ruiz Salmón. La plantilla «lleva mucho tiempo sin cobrar, en paro, y se les adeudan pagas extras y otros honorarios», lamentó.
«La gestión política de este gobierno y los anteriores con esta empresa y sus trabajadores no ha podido ser peor, con inyecciones millonarias de dinero y sin control alguno», apuntó el portavoz de IU. A su juicio, «parece que quieren dejar morir la fundición, con 50 personas en la calle». A juicio del candidato de IU, «la falta de implicación de Sodercán no es nueva», como tampoco lo es que el Gobierno «no hace lo posible para defender los derechos laborales, sociales y económicos de las familias trabajadoras».
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