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María Ángeles Samperio Martín
Santander
Sábado, 16 de octubre 2021, 08:03
La recuperación de la economía tras el impacto del covid es la tarea en la que trabajan los gobiernos. Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, va a explicar, en el ... Foro Económico de El Diario Montañés del próximo lunes, la oportunidad que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la economía española.
García Andrés, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y economista del Estado, destaca que, por primera vez, en España se está recuperando el nivel de empleo antes que el del Producto Interior Bruto (PIB) tanto por la fortaleza del tejido empresarial como por las políticas públicas que se llevan a cabo.
–¿Van a tener las mismas oportunidades las pyme que las grandes empresas?
–Uno de los objetivos fundamentales del Plan de Recuperación es la transformación del tejido productivo para mejorar la competitividad de las empresas, aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y crear empleo de calidad. Para lograrlo es esencial la participación de las pyme, ya que conforman el grueso del tejido empresarial y son las que más empleo crean. Para ello el apoyo a las pyme tiene carácter transversal, que permea todas las actuaciones previstas y en 17 de los 30 componentes se recogen iniciativas específicas orientadas a su participación. El objetivo es que tanto en los grandes proyectos como en las medidas más concretas las pymes tengan un papel destacado. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 también se recoge una partida específica de 2.140 millones de euros para impulsar el desarrollo de las pyme y 1.626 millones para acciones de digitalización
–Los fondos se plantean como la panacea...¿Las propuestas encajan con los objetivos?
–Desde los diferentes ministerios se han lanzado manifestaciones de interés, que es una herramienta de consulta para que las empresas y organismos interesados en la ejecución de las diferentes inversiones presenten sus propuestas y así tener una visión más amplia y plural. Es un modelo de trabajo que está siendo muy útil para lograr que las inversiones y ayudas del Plan se adecuen a las necesidades del tejido empresarial y de los ciudadanos. Se trata de diseñar de la forma más eficiente posible las políticas públicas sobre la base de la información recogida sobre el terreno. Se han presentado unos 18.000 proyectos, lo que da idea del interés y capacidad de las empresas y organismos para impulsar y desarrollar proyectos ligados al Plan.
–¿Nos ha enseñado la pandemia las debilidades y fortalezas del sector empresarial?
–Ha puesto a prueba la fortaleza del tejido empresarial y también la importancia de las políticas públicas para proteger a las empresas, a los ciudadanos y mantener el empleo. Hay un dato especialmente relevante que pone de manifiesto la diferente forma en la que se ha abordado esta crisis y cómo estamos saliendo de ella. Por primera vez en España estamos recuperando el nivel de empleo previo a la pandemia antes que el del PIB, lo que es un hecho diferencial. Y esto está siendo posibles gracias a la fortaleza y dinamismo de las empresas, pero también gracias a las medidas de apoyo puestas en marcha. Nadie duda de la relevancia para el mantenimiento del empleo que han tenido los ERTE, que llegaron a proteger a 3,6 millones de trabajadores, ni de las líneas de avales, que han sido esenciales para mantener la liquidez de las empresas y evitar posibles contagios al sistema financiero. A través de ellas se han inyectado más de 132.000 millones al tejido productivo. En Cantabria, 9.000 empresas han accedido a estos avales y han recibido 1.235 millones de euros en préstamos.
–A pesar de los programas de apoyo algunas empresas no son capaces de llegar las ayudas. ¿Valoran cambiar los mecanismos?
–Desde el inicio de la pandemia hemos puesto en marcha una decena de ayudas específicas para las empresas y hemos ido adaptándolas a la evolución de la situación económica para garantizar su eficiencia. Lo hemos hecho con las sucesivas prórrogas de los ERTE. De hecho, en la última modificación se incluye la formación como un elemento esencial para garantizar la empleabilidad de los trabajadores y su adaptación a lo que demanda el mercado laboral. Lo mismo hemos hecho con las líneas de avales, ampliando los plazos de amortización y carencia, para dar más margen financiero a las empresas y que puedan recuperar su nivel de actividad. Y también, ampliamos hasta el 30 de septiembre el plazo de cobertura de las ayudas directas, para que pudieran beneficiarse más autónomos y empresas.
–Algunas empresas e instituciones parecen poco convencidas de la digitalización...
–La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la digitalización y de contar con una infraestructura de redes de primer nivel, que nos ha permitido a las empresas y a las administraciones implantar el teletrabajo de un día para otro. Ahora el reto es impulsar la digitalización en todas sus vertientes: desde la capacitación profesional, pasando por el impulso tecnológico de las pymes hasta lograr la digitalización de la administración en ámbitos tan importantes como la Justicia. Para impulsar esta transformación digital hemos lanzado diversos programas, como el gestionados por Enisa de ayuda a mujeres emprendedoras en el ámbito digital, el Fondo Next Tech, para aumentar el tamaño de las 'startups' en tecnologías disruptivas, el programa Unico para llegar con infraestructuras digitales de banda ancha al 100% del territorio, las misiones de I+D en inteligencia artificial. Para empresas estamos terminando de preparar la primera convocatoria del Plan de Digitalización de Pymes, para proporcionar a las empresas un bono que les ayude a invertir en un 'kit digital', con servicios y sistemas ya disponibles en el mercado. Serán 500 millones de euros que llegarán a empresas entre 10 y 49 trabajadores. A principios de 2022, seguiremos con el resto de convocatorias para completar la inversión de 3.000 millones prevista.
–¿Cantabria se está 'moviendo' bien para utilizar los fondos?
–La participación de las Comunidades Autónomas y las entidades locales es esencial para que los proyectos del Plan de Recuperación lleguen a todos los territorios. Ya se han asignado más de 7.500 millones de euros para que las comunidades pongan en marcha proyectos y medidas relacionados con la transición ecológica, la rehabilitación de edificios y la digitalización del sistema educativo.
–¿ Se está en el camino para cambiar el modelo productivo?
–La transformación del tejido productivo es esencial para lograr un crecimiento sostenible a medio plazo y tener unas empresas más competitivas en el entorno internacional y con capacidad de crear más empleo. Este objetivo se plasma en la mayor parte de las inversiones previstas, pero las reformas constituyen un elemento esencial para lograr esta transformación. Reformas que en el plano del impulso a la actividad empresarial incluyen tres proyectos de ley: la Ley de 'Startup', la ley 'Crea y Crece' y la Ley Concursal. Adicionalmente, la Ley de reforma de la Formación Profesional, proyecto con importante impacto económico.
–¿El elevado coste de la energía es una barrera para el desarrollo de los planes de transición?
–Seguimos con mucha atención la evolución de los precios de la energía porque, efectivamente, tienen impacto en los ciudadanos y en las empresas. Desde el Gobierno estamos impulsando una respuesta a nivel europeo. Y esta acción hay que acompañarla con la prioridad con la que debemos acometer la transición ecológica, para poder tener cuanto antes una energía más limpia y más barata. No hemos dejado de tomar medidas para limitar el impacto de los precios mayoristas sobre las facturas de las familias y empresas. Por ejemplo, bajando los impuestos, con lo que hemos pasado de una factura en la que alrededor del 30% de lo que pagábamos eran impuestos a algo más del 16%; creando un fondo nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, que reduce los cargos en la factura de la luz; y trasladando al consumidor los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas.
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