El Puerto pedirá a Madrid medidas extraordinarias en caso de 'Brexit' duro

El propio González trasladará en Madrid el 7 de febrero la necesidad de que el Ejecutivo estatal articule una especie de «comité de crisis» que aglutine varios ministerios y que permita «mayor amplitud de decisión» para afrontar el supuesto más duro de la salida de los británicos de la UE.

La propuesta se trató en la Cámara de Comercio, durante la celebración de una jornada que bajo el título 'La empresa española ante el Brexit' intentó analizar los cambios normativos y de operatividad que para las compañías cántabras pueden acarrear las diferentes posibilidades hasta que se confirme cuál es el camino definitivo que toma Reino Unido.

Como ideas fuerza de la cita, tres palabras sintetizadas por la directora general de Sodercán al cierre del evento. «Incertidumbre, vulnerabilidad empresarial y nuevos costes», resumió. En ese punto abundó el propio presidente del Puerto para reclamar «definición, que se sepa de qué manera vamos a tener que funcionar». Entre sus temores, el impacto que estas dudas actuales ocasionan sobre ciertas inversiones, así como el perjuicio a negocios como el tráfico de automóviles desde Gran Bretaña o el de navieras como Brittany Ferries, cuyo plan de rentabilidad reposa en escalas de tres horas. Un incremento del tiempo en muelle puede trastocar todo ese encaje de bolillos entre costes e ingresos.

La apertura de la jornada corrió a cargo del presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro; su homólogo de CEOE-Cepyme, Lorenzo Vidal de la Peña; y la directora territorial de Comercio en Cantabria, Margarita Rivera. Piñeiro recordó que el negocio con las Islas supone «entre un 25 y un 40 por ciento» de todo el tráfico portuario, mientras que Rivera resaltó la «labor divulgativa» que desde la Secretaría de Estado de Comercio se está acometiendo para informar a los afectados por este cambio regulatorio y político. Como muestra, al encuentro cameral acudieron representantes de 35 compañías que operan en la Comunidad.

Más crítico se mostró Vidal de la Peña. «O somos realistas o tenemos un problema», arrancó, para sostener que la verdadera tribulación «la tenéis los empresarios, que sois los que tenéis que adaptar vuestro negocio y sobrevivir».

Para abordar técnicamente la repercusión de las diferentes opciones de ruptura se contó con la subdirectora general de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital, Cristina Teijelo. «Hay que tener claro que todos los escenarios van a ser peores que lo que conocemos, salvo que haya otro referendum», dijo.

El propio Jaime González puso un ejemplo de los potenciales perjuicios y aludió a un estudio en su poder que recoge el caso de que «un camión que se retenga en el paso del Estrecho un minuto y medio por inspección aduanera provoca automáticamente colas de 25 kilómetros a ambos lados del canal, con lo que el bloqueo, la saturación y la congestión puede llevar incluso a la falta de suministro de productos, principalmente en Reino Unido», por lo que existe «un cierto rango de alarma».

En cuanto a los aspectos tributarios, Lorena Martínez, jefa de la Dependencia Regional de Aduanas en Cantabria, aseveró que «la Agencia Tributaria está ya preparada para la asunción de declaraciones aduaneras», anotó.

En el turno de preguntas también salió a colación la reapertura en el Puerto del Punto de Inspección Fronteriza (PIF) para el examen de productos animales y vegetales. Según se comentó, se han cursado visitas para verificar el estado de la instalación. La intención es despachar los buques de Brittany Ferries con los mínimos requisitos.

En este sentido, la directora de la APS, Cristina López Arias, quiso quitar peso a la importancia futura del PIF. «Hemos hecho una estimación y de cada escala de Brittany Ferries sólo 2,5 camiones tendrían que pasar por el Punto de Inspección», manifestó.