David García
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David García
Hace cerca de dos años que Aurea Green Gass, compañía especializada en la construcción de plantas de producción de biometano, vendió su cartera de activos nacionales a Verdalia Bioenergy. Un paquete que incluía el proyecto en tramitación para una de estas superficies en Hazas de ... Cesto. La iniciativa desde su origen ha suscitado quejas entre los vecinos (también del municipio colindante, Ribamontán al Monte). Pero la entrada de la nueva promotora, que ha hecho modificaciones en el plan por cerca de diez millones de euros, supone «un lavado de cara» a lo que había planteado. Al menos así lo defiende David García, director de desarrollo de proyectos de Verdalia, que asegura que su empresa quiere hacer de esta «una instalación de referencia» que demuestre que se puede convivir con estas plantas sin grandes molestias igual que están ya «extendidas por muchos países de Europa».
–¿Ha cambiado mucho el proyecto con respecto a lo planteado por la anterior empresa?
–Cuando adquirimos este proyecto decidimos hacer una inversión suplementaria, de cerca de otros diez millones de euros, que le ha cambiado la cara al planteamiento. Se ha invertido en mejorar la integración en el territorio ya que la idea al principio era ocupar casi las 16 hectáreas disponibles, y nosotros lo hemos reducido a cinco. En segundo lugar, el sistema que había previo de balsas lo cambiamos por depósitos cerrados para controlar los olores y también haremos que toda la recepción de la materia prima se haga en naves cerradas.
–¿Qué respaldo han obtenido del Gobierno de Cantabria?
–Tenemos un diálogo abierto y estamos recibiendo un 'feedback' de que lo que hemos presentado cumple con las normativas, aunque nos han hecho recomendaciones para hacer entre todos un proyecto mejor.
–¿Qué pasos vienen finalizado el periodo de información pública que acaba de concluir?
–A nosotros nos envían las alegaciones que ha habido y las tenemos que responder. El Gobierno de Cantabria evalúa a raíz de esos reparos si tenemos que modificar alguna cosa, a no ser que lo hagamos nosotros de 'motu proprio'. La administración emite un informe con los condicionantes, que se resume en la autorización ambiental integrada. El paso siguiente sería solicitar la licencia de obra y, de obtenerla, empezaríamos a construir.
–De ser así, ¿cuándo estaría en marcha la planta?
–Asumiendo que todo el proceso va normal, ahora que ha terminado el periodo de información pública debieran ser unos cuatro meses para obtener la autorización ambiental integrada, después sería la licencia de construcción, quizá un par de meses; es decir, podríamos estar hablando de empezar en junio la construcción, que se estima que llevará algo más de un año de obras, con lo que a finales del 2026 podría ser.
–¿Entiende la oposición vecinal que ha generado el proyecto?
–Creo es que hay una minoría de vecinos que sí que han demostrado cierta oposición, pero también creo que la gente debería de venir más a nuestro punto de información y comprender realmente lo que supone una de estas plantas y que son fruto de una política que lleva mucho tiempo aplicándose en Europa y que en otros países forman parte del paisaje rural. No solo es una manera de gestionar los recibos ganaderos agrícolas, también se aprovecha ese metano que, de otra manera, se emite si se ese estiércol o ese purín se deja en los campos. Se trata de captarlo para inyectarlo en la red y descarbonizar un poco la energía.
–¿El proyecto cree que alterará la vida de los vecinos?
–Sinceramente creo que sí, pero a mejor. Hay ciertas ventajas que tiene esta industria, entre otras los 20 puestos de trabajo directo que se van a crear además del servicio que se va a prestar a los ganaderos.
–¿Qué garantías tienen los vecinos de que no van a convivir con molestias?
–La garantía es la autorización ambiental integrada. Este es un proceso serio y profesional. El proyecto en su momento había despertado por parte de la administración dudas y yo no puedo responder por los que venían antes, pero nosotros hemos venido con otra filosofía, queremos tener a los vecinos cerca creando puestos de trabajo locales y prestando un servicio a las granjas de cercanía.
–¿La plata provocará olores?
–Para evitarlos hemos hecho el esfuerzo inversor que mencionaba antes para cambiar la fisonomía de la planta y hacer que el residuo en ningún momento entre en contacto con el aire, todos los almacenamientos tanto de la materia prima como de los digestatos que salen están cerrados y las naves se tratan con un sistema de desodorización. Además, hemos encargado un estudio y estamos hablando de que más allá de 400 metros no se nota absolutamente. Para todo ello está además la autorización ambiental que nos obliga a operar de una determinada manera.
–¿Hay posibilidad de contaminación?
–Nosotros nada de lo que generamos contamina. Esta planta recibe unas materias primas que hoy van al campo, el estiércol, los purines y quizá algún residuo agrícola. Lo que hacemos es un proceso biológico natural: se extrae un biogás que se separa en dos tipos de gas y el digestato líquido y sólido, que es orgánico, vuelve al campo como abono.
–¿El sector ganadero se verá perjudicado de alguna manera?
–Estamos ahí también para ofrecer un servicio a los ganaderos y nuestra relación con ellos es fundamental. Gestionamos ese producto que para ellos es un problema porque deben almacenarlo y ofrecemos unas condiciones y ellos firman o no firman. La intención, obviamente, es buscar un equilibrio entre lo que les interesa a ellos y a nosotros.
–¿Qué otras medidas se han adoptado en el nuevo proyecto para mitigar el impacto visual?
–Hemos concentrado la planta, puesto distintos niveles de terraza para integrar el terreno y planteamos una cobertura vegetal y unas distancias urbanísticas. También hemos soterrado elementos.
–¿Cuántos traslados de camiones va a generar la actividad?
–La materia prima entra, pero también tiene que salir, así que estamos hablando de unos 20 camiones diarios.
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