Químicas, cementeras y metalúrgicas acaparan dos tercios de las fábricas que verán rebajada su factura eléctrica

Así se desprende del reparto de compañías por sectores que han elaborado ambos departamentos, y a los que ha tenido acceso este diario. El conjunto de empresas que ocupa un mayor número de negocios adscritos a este Estatuto será el de 'Fabricación de otros productos minerales no metálicos', entre los que se encuentran las industrias de cemento, cal y yeso; las cerámicas; o las de vidrio. Muchas de ellas se encuentran ubicadas en las comunidades autónomas del arco mediterráneo, donde, entre Comunidad Valenciana y Cataluña, suman un 40% del total.

Por orden cuantitativo, el segundo sector que más empresas incorporaría a la nueva normativa de empresas con elevado consumo de luz sería la industria química, con 134 negocios (casi un 22% del total), ubicados sobre todo en Cataluña, Madrid y el arco cantábrico. Además, desde la metalurgia y toda la actividad relacionada con la fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones se incorporarían 81 fábricas, un 13,2% del total, sobre todo las ubicadas en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

A partir de ahí el resto de empresas ocupan un lugar menor como la fabricación de productos de caucho y plásticos (9,8%), industria del papel (8,1%), textil (4,4%), alimentación (4,1%), farmacéuticas (3,1%), refino de petróleo y coquerías (2,6%), industria de la madera y el corcho (2,6%), fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (2,1%), tratamiento de residuos (1,9%), así como fabricación de bebidas o de material y equipos eléctricos.

Para poder ser considerado como un consumidor electrointensivo, el Gobierno ha previsto que sean compañías con un consumo eléctrico mínimo anual de un gigavatio/hora al año; con una intensidad energética mayor de 1,5 euros por kilovatio hora; que pertenezcan a sectores industriales beneficiados con las ayudas de energía y clima; y que al menos un 50% del consumo de electricidad que realizan sea en horas valle (las nocturnas, por ejemplo).

El nuevo Estatuto establece una inyección de dinero público que, como mínimo, ascenderá a los 260 millones de euros por año para aliviar los cargos que soportan estas compañías, repartidos entre varias actuaciones. Por una parte, la compensación por los costes indirectos de emitir dióxido de carbono (CO2), una medida que ya estaba en vigor y que, hasta ahora, suponía un gasto para el Estado de 172 millones de euros. «Esperamos que a partir de ahora la dotación sea superior, con un dato que será muy positivo», apuntan desde el Ejecutivo.

Además, incluye la compensación de los cargos destinados a financiar las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios insulares. El erario público bonificará un 85% de ese concepto de las facturas de las grandes industrias. Es decir, solo tendrán que pagar un 15% de esos cargos, que son parte de los costes fijos, tal y como tienen los pequeños consumidores en sus recibos. Este mecanismo, que según fuentes gubernamentales ha sido aceptado por la Comisión Europea, ascenderá a unos 90 millones de euros para este año.

La tercera vía de ayuda al sector será la creación de un fondo de garantías y avales emitidos a través de la organización CESCE (Agencia de Crédito a la Esportación española, organismo que gestiona el seguro de crédito e inversiones por cuenta del Estad). A través de esta vía, el Gobierno pretende asegurar contratos de suministro de electricidad a plazo con proyecto de generación de renorables (los denominados PPAs). Fuentes del Ejecutivo indican a este diario que el importe de estas garantías podría superar los 500 millones de euros. El Gobierno recuerda que, según varios estudios, estos PPA pueden supone «una rebaja sustancial» de precios de hasta seis euros por megavatio/hora (Mwh). Ante la brecha que existe entre lo que pagan las grandes industrias en España y las de otros países europeos (un entorno de 20 a 25 euros/mwh más), la ese diferencial podría reducirse entre un 20% y un 25% con respecto al coste de Francia o Alemania.

Por otra parte, los sindicatos CC OO y UGT han anunciado que realizarán aportaciones y alegaciones al texto del Estatuto del Consumidor Electrointensivo por entender que tiene carencias, plantea dudas y resulta en algunos aspectos insuficiente.

El presidente del comité de empresa de Alu Iberia (antigua Alcoa) de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha indicado a Efe que, a la espera de conocer el documento más en detalle, lo ve «totalmente insuficiente» en los tres pilares que lo vertebran. Se ha referido el representante sindical a las compensaciones por las emisiones de CO2, a las ayudas a las renovables y al servicio de interrumpiblidad que, en sus mejores momentos, con los bloques de 90 mw aportaba 28 euros por megavatios, «por lo que la diferencia es evidente».