Rato justifica su actuación al frente de Bankia en la presión del Banco de España

Con un aspecto muy similar al que presentaba cuando declaró -desde el mismo estrado de la mayor sala de vistas de la Audiencia Nacional en octubre de 2016- durante el juicio de las tarjetas «black», que le terminó llevando a la cárcel para cumplir una condena de cuatro años y medio, Rato ha insistido una y otra vez en su argumento defensivo, ya utilizado durante la instrucción del caso. «El Banco de España nos indicó claramente cuales eran los pasos que teníamos que dar», ha afirmado para justificar cómo nació Bankia y por qué. «Se tenían que fusionar un grupo de entidades», ha explicado para hacer referencia a la media docena de cajas de ahorros encabezadas por Caja Madrid, la mayor de ellas y que él presidía desde la salida de Miguel Blesa. Bancaja, que a su vez controlaba el Banco de Valencia, fue de las últimas en unirse y cuando lo hizo «la entidad resultante era mucho mayor de lo pedido», ha continuado su exposición.

Pero, ¿quién había dado las órdenes? Pues, según el expolítico metido a financiero -antes de acceder a la caja madrileña fue director gerente del FMI, cargo al que llegó tras dejar la vicepresidencia económica del Gobierno-, «las instrucciones, el dinero y el control» de esa integración fueron «diseñadas» por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que al igual que el supervisor bancario defendían que «era bueno una fusión más grande». En cualquier caso, a él mismo le pareció en su momento «una oportunidad única» para generar «una hucha» que «nos permitiera avanzar a un entorno que iba a ser peor para las cajas». Pero el problema, ha añadido, es que «no era precisamente un momento de mejora de la economía español» e incluso «después resultó peor de lo que podíamos imaginar».

En todo caso, Rato ha defendido que «consideraba que las cajas eran perfectamente viables», si bien «en un proceso que nos venía dado para poder acceder a capital», ha insistido de nuevo haciendo referencia a las indicaciones que había dado el supervisor financiero, con quien se reunió en persona a finales de mayo de 2010: en aquella ocasión estaban el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; su 'número dos', Javier Aríztegui; y el entonces presidente de Bancaja, Jose Luis Olivas. «Nos dieron los pasos que teníamos que dar, no tuvimos muchas opciones», ha reiterado para acto seguido apostillar que antes de aquello en Caja Madrid «no estábamos preparando ninguna fusión».

Durante su interrogatorio estuvo consultando varias veces una carpeta con documentación que traía consigo. Por eso, cuando la representante de la Fiscalía Anticorrupción le replicó que parte de sus manifestaciones no coincidían con lo declarado en la fase de instrucción por algunos responsables del propio supervisor financiero, ha respondido en tono aparentemente altivo: «Pues entonces tendrá usted que preguntarle al Banco de España», de quien ha declarado en varias ocasiones esta mañana que fue «quien nos señaló los pasos a seguir».

Pese al intento de la fiscal Launa por evidenciar ante el tribunal esas divergencias en las versiones de Rato y del supervisor, el primero ha insistido en su tesis. «Nuestras tripas las conocía perfectamente, y las de Bancaja y el resto de las cajas. Durante el tiempo que yo fui presidente 15 funcionarios del Banco de España estuvieron siempre en la sede central», ha señalado, para a continuación afirmar: «nos dijo que debíamos hacer ciertos ajustes y así lo hicimos». «Mayores garantías de que nuestras cuentas eran correctas no podíamos tener», ha apostillado.

«En los dos años y tres meses que fue presidente de Caja Madrid y Bankia nunca me requirió que estuviésemos incumpliendo sus recomendaciones», ha sostenido ante la acusación de que él y la cúpula de Bankia actuaran al margen de esas directrices de las que había hablado. Así, cuando se le ha preguntado por un informe de la consultora PwC que sostenía que la entidad fusionada precisaba de una inyección de 11.500 millones, dijo que el BdE la consideró «excesiva». Y «aún así» -ha reivindicado- «fuimos a un escenario más conservador y provisionamos 13.000 millones de euros» (contra reservas y no en la cuenta de resultados), en la que según él fue «la única decisión que tomamos distinta de lo marcado por el FROB». Pero dicho estudio, encargado por la propia entidad, no se incluyó en la información facilitada al mercado antes de su controvertido estreno bursátil, lo que ha justificado en que «no era oficial».

Precisamente respecto a esa salida a Bolsa de Bankia, que según él fue la consecuencia natural de todo el proceso de integración, el expolítico ha declarado que nunca tuvo «ninguna constancia de que esos trabajos técnicos fueran motivo de fricción con el Banco de España», por más que en correos electrónicos conocidos tiempo después se mostrasen serias dudas al respecto por parte de los inspectores empotrados en la entidad, y que conocían al detalle sus números. Rato ha tratado de restar importancia a esos mensajes, al calificarlos como «una cuestión interna» que a su juicio «no tiene relevancia legal», y ha sostenido que tanto la auditora Deloitte como la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) revisaron su situación antes de ese estreno bursátil, que a su vez contó con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tampoco ha querido responder las preguntas de las acusaciones ni las del resto de defensas, limitándose a contestar a la propia fiscal, al FROB y a su abogado. En cuanto a su sueldo y la insinuación de la representante del Ministerio Público sobre su elevado importe –que llevó a la presidenta del tribunal a pedirles que «no perdamos más tiempo» con sus cruces de reproches formales- , ha sostenido que era «el que establecía el propio contrato» y «similar al de su predecesor», el referido Miguel Blesa. Y, aunque no ha concretado una cifra, sí ha reconocido que podía ser el que le apuntaban de dos millones de euros anuales.