Los recortes a las jubilaciones anticipadas amenazan la pensión de 27.000 cántabros

El asunto, por tanto, en absoluto es baladí, puesto que hay muchos trabajadores con salarios altos analizando cada movimiento legislativo para calibrar el impacto que las decisiones políticas tendrán en su futuro poder adquisitivo una vez pasen a ser pensionistas. Según datos de la Agencia Tributaria, unos 27.000 cotizantes en Cantabria se enfrentan a pérdidas notables en caso de retirada anticipada en los próximos años.

El Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de diciembre publicaba la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de «garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones». En otras palabras, la nueva reforma de las pensiones.

Dicha Ley presentaba novedades en materia de revalorización, coeficientes reductores, cambios en el factor de sostenibilidad y cambios en la jubilación anticipada, entre otros. A este respecto, las medidas que tienen como objetivo alargar la vida laboral de los trabajadores a través de la aplicación del aumento de penalizaciones en los coeficientes reductores han acaparado la atención pero ni mucho menos suponen el recorte más importante que trae consigo el texto.

El nuevo marco introduce en su disposición transitoria trigésimocuarta la aplicación gradual de coeficientes reductores para las pensiones que superen el límite establecido, es decir, quien cotice en el año 2022 por encima de los 4.139,40 euros mensuales o 49.672,80 anuales. Actualmente este colectivo de cotizantes se sitúa en la Comunidad, según Hacienda, por encima de las mencionadas 27.000 personas. La nueva ley elimina de facto el acceso a la jubilación anticipada para este grupo, denuncia el sindicato USO, que ha estudiado la situación, so pena de pérdidas

Porque las reglas del juego han variado. Hasta 2011 la pensión se calculaba sobre la base reguladora y sobre ella se aplicaban los coeficientes reductores en caso de jubilación anticipada, si la resultante se situaba por encima del límite legal la pensión a disfrutar quedaba en ese límite. Es decir, las pensiones que más contribuían al sostenimiento tenían la ventaja de que en la práctica no sufrían reducciones en caso de adelantar en dos años su jubilación. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 implantó por primera vez la reducción del 0,25% por trimestre sobre la pensión máxima. El posterior Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy amplió el coeficiente al 0,5% por trimestre.

Desde 2013 y hasta el año 2023 la cuantía de la pensión se calcula sobre la base reguladora y sobre esta se aplican los coeficientes reductores por adelanto de la edad de jubilación. Si la cuantía resultante de la pensión supera la pensión máxima se aplica una reducción del 0,5% por trimestre, resultando la pensión máxima reducida en un 4% si se anticipa en dos años la jubilación.

Ahora bien, la nueva ley aprobada con la mayoría de PSOE y Unidas Podemos y avalada por UGT, CC OO y CEOE amplia el coeficiente reductor hasta el 21% sobre la pensión máxima. Desde 2024 a 2033, de manera gradual, se aplicará la reforma recortando la pensión de jubilación anticipada aplicando a la base reguladora resultante de sus cotizaciones los coeficientes reductores.

Los efectos claros de la modificación legislativa y su impacto en los años futuros se observan con las cifras encima de la mesa. Como ejemplo, antes de esta última reforma un trabajador con pensión máxima que anticipaba en dos años sujubilación percibía 39.468 euros por ejercicio, a lo que había que restar la penalización del 4%, por lo que quedaba un montante de 37.889,28 euros.

Una vez se aplique de forma íntegra la modificación, para una pensión máxima igual la penalización será del 21%, lo que dejaría una prestación de 31.179,72. Antes de la reforma, anticipar en dos años la jubilación a una persona con base reguladora máxima suponía una pérdida de 1.578,72 al año, mientras que ahora se disparará a 6.709,56.

La diferencia es notable para todo el periodo como pensionista. Así, otro ejemplo: con una estimación de vida de 84 años y un recorte anual de 6.709,65 euros, teniendo en cuenta la esperanza de vida media en España de 84 años (21 años como pensionista), la nueva reforma supone un recorte de 140,900.76 € adicional en vida del jubilado, que sumado a las reformas ya fijadas por adelanto de la jubilación, y si la pensión resultante supera la pensión máxima sufrirán el «brutal recorte de su pensión», avanza el sindicato USO.

Con la aplicación gradual de la nueva ley todos los que actualmente sean menores de 53 años que accedan a la jubilación anticipada voluntaria, que no podrá ser antes de los 65 años quien tenga cotizados menos de 38 años y 6 meses y 63 años a los que tengan más tiempo cotizados, se verán afectados con la máxima penalización que asciende a un recorte del 21% de su pensión máxima si ésta estuviera topada.

Para USO, este «es el resultado del mal llamado 'Diálogo Social', que no es otra cosa que la claudicación sindical y empresarial para seguir disfrutando de privilegios y subvenciones. Esta reforma es fruto de un diálogo social caduco, hecha con las prisas de la finalización del año».