Los recortes en la retribución a la cogeneración costarán 33 millones a las empresas cántabras

Cantabria ostenta varias instalaciones susceptibles de verse damnificadas por el «tijeretazo» -en términos de un empresario- a las retribuciones, con un retroceso estimado en el 35%. Sniace, Nestlé, Solvay, Textil Santanderina, Dynasol... En total 11 complejos industriales con una capacidad global que se aproxima a los 270 MW. Todas ellas alimentadas por gas natural, a lo que habría que añadir otra de Solvay impulsada por carbón (44 MW). ¿Cuál será el coste de esta medida en las compañías regionales? Desde la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) dan la cifra: 33 millones, apunta la patronal nacional.

El director general del colectivo, Javier Rodríguez, ya explicó días atrás a este periódico que la Orden, que ha motivado una catarata de alegaciones y tiene una entrada en vigor prevista para finales de mes, ya ha tenido reflejo en las estadísticas. «La producción nacional en las plantas de cogeneración ha caído un 8,5% en enero. Éste es el efecto que sólo el anuncio ha tenido en la actividad industrial», arrancaba.

No obstante, en su opinión la clave recaía en que «el recorte obedece a una acumulación de una serie de errores técnicos que están minusvalorando cómo se tienen que actualizar los parámetros retributivos. Nosotros estamos pidiendo una actualización justa», sostenía. El sector esperaba una rebaja de 150 millones, no los 450 que maneja el Ministerio.

Pero es que la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha sumado a esta tesis en cierto modo y ha propuesto a la Administración que reduzca un 15% sus pretensiones. Desde algunas empresas deslizan que, de no rectificar este recorte, llevarán el caso a los tribunales. Acogen, por su parte, ya ha presentado alegaciones, que espera que tengan respuesta este mismo mes.

Según Acogen, 600 industrias -que producen el 20% del PIB secundario de España- verán subir un 20% el precio de su energía. En esta situación, Sniace puede no estar sola, ya que el vaticino gira en torno a que otras firmas en dificultades puedan tomar igualmente el camino del cierre con la nueva normativa.

Con este escenario, buena parte de las esperanzas recae en que el Gobierno central se avenga a entender las alegaciones del sector. Esta misma semana el consejero de Industria, Francisco Martín, reclamó a la ministra del área, Teresa Ribera, medidas compensatorias para un transición justa y que evite traumas en forma de pérdida de riqueza y puestos de trabajo. La respuesta ministerial, que se estudiarán las alegaciones.

Pero todas las empresas afectadas están aglutinando sus reclamaciones para tratar de modificar la orden, que según la Administración central dispone ya de poco margen de actuación.

El Ejecutivo cántabro lleva tiempo intentando cerrar un encuentro o visita de la propia Ribera y de su homóloga de Industria, Reyes Maroto, para abordar las turbulencias del sector secundario de la Comunidad.

Como última medida, no se descarta una gran movilización en Madrid de todas las partes afectadas, desde empleados hasta los propios empresarios. Una iniciativa de fuerza que se adoptaría en caso de que la puerta estatal permanezca cerrada. No sólo Cantabria está afectada por la transición energética y los planes regulatorios.