«Las reformas necesarias precisan el consenso de los dos grandes partidos»

El Foro Económico de El Diario Montañés regresa después del habitual parón estival y lo hace de la mano de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que abordará el próximo miércoles, día 6, el tema de dónde se encuentra en estos momentos la economía española y qué políticas se necesitan. En su opinión, se precisan importantes reformas y es imprescindible que los dos grandes partidos, PP y PSOE, logren un consenso para conseguir un crecimiento robusto.

Ángel de la Fuente es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylavania. Además de director ejecutivo de Fedea es científico titular en excedencia del Instituto de Análisis Económico del CSIC, del que ha sido vicedirector entre 1998 y 2006. Es también miembro de la Barcelona Graduate School of Economics y research fellow del CESIfo y ha sido editor ejecutivo de Revista de Economía Aplicada y miembro senior de la European Expert Network on the Economics of Education. Además, ha trabajado como consultor para la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y diversas administraciones españolas.

-¿Qué deberes tiene la economía española para los próximos meses?

-Hay muchos. Uno bastante complicado será la vuelta a una cierta disciplina presupuestaria tras la reactivación de las reglas fiscales europeas, que además habrá que aborda en un contexto incierto, con una política monetaria restrictiva, tipos al alza, una inflación todavía no controlada del todo y parte de Europa en recesión. Más importante aún, hay que poner las luces largas y empezar a pensar sobre las reformas necesarias para fomentar un crecimiento robusto y un estado de bienestar sostenible. Aquí se incluirían, entre otras, la reforma fiscal, la educativa, la de la financiación territorial, la de la función pública y la revisión de la de pensiones. No son cosas que se puedan hacer en pocos meses, pero habría que empezar a pensar en ellas y a negociar acuerdos amplios, al menos entre los dos grandes partidos. El consenso es fundamental para que las reformas sean ampliamente aceptadas y puedan ser duraderas.

-¿Cómo debería enfocarse un nuevo escenario de financiación autonómica?

-Por partes. Primero convendría establecer un fondo extraordinario de nivelación para subir hasta la media actual la financiación por habitante ajustado de las comunidades peor tratadas por el sistema, que en algún caso ya están casi diez puntos por debajo de la media. Con más calma, habría que buscar un acuerdo sobre la reforma del sistema, comenzando con una negociación entre partidos que tome como punto de partida el informe de la comisión de expertos de 2017. La reforma debería centrarse en tres cuestiones: alcanzar un reparto más equitativo de recursos entre territorios; simplificar el sistema y hacerlo más transparente para que sea comprensible para el ciudadano medio, y reducir el déficit de autonomía tributaria y responsabilidad fiscal que ahora sufrimos. Esto es, hay que dar a las comunidades autónomas mejores instrumentos para modular sus ingresos, pero exigirles que den la cara y suban impuestos (individual o/y colectivamente) si quieren gastar más, en lugar de poner la mano y exigir más recursos al Gobierno central sin coste alguno para ellas.

-¿Se están dando los pasos necesarios para asegurar el futuro del sistema de pensiones? ¿Son necesarias nuevas reformas?

- Más bien se están dando pasos atrás, o al menos en la dirección incorrecta. La reciente reforma ha eliminado los mecanismos de control automático que se introdujeron en la reforma anterior. Esto incrementará mucho el gasto durante las próximas décadas sin que se hayan tomado medidas compensatorias ni de lejos suficientes, ni por el lado del ingreso ni por el del gasto. Si esto no se corrige, tendremos que inyectar cada vez más dinero de la caja general para complementar la financiación de las pensiones (ya vamos por casi 50.000 millones al año), lo que dejará pocos recursos para otras cosas importantes. El mecanismo de salvaguarda del MEI que se ha pactado con la Comisión Europea limitará en alguna medida el problema, obligando a subir las cotizaciones si no hay un acuerdo alternativo, pero los límites son demasiado laxos y poco transparentes. Sería conveniente corregir el rumbo y adoptar una política de pensiones algo más prudente, que limite en alguna medida el crecimiento del gasto, por ejemplo, extendiendo gradualmente el período de cómputo de la pensión a la vida laboral completa y ligando la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, con las excepciones necesarias para aquellas ocupaciones que no lo permitan por su dureza física. Aun así, será seguramente necesario complementar los recursos del sistema de pensiones con ingresos generales, pero esto debería hacerse de una forma transparente y que reparta bien la carga entre todos. Una buena opción sería un recargo sobre la cuota estatal del IRPF, que es seguramente el impuesto más equitativo que tenemos. Consideraciones de equidad aparte, el recargo ayudaría mucho a visibilizar los costes relevantes, lo que podría hacer más sencilla la introducción de medidas de control del gasto. También habría que reformar el mecanismo de salvaguarda del MEI, ligando su activación a un umbral razonable definido en términos del déficit básico (antes de transferencias estatales) del sistema público de pensiones.

-¿Hasta qué punto la guerra de Ucrania ha condicionado y condiciona la economía española?

-Mucho. La española, la europea y, si me apuras, la mundial. Los efectos más evidentes han llegado a través de la subida de los precios de la energía y los alimentos, que han supuesto una pérdida importante de renta real para España y muchos otros países. Pero hay otros efectos igualmente importantes que tienen que ver con la división del mundo en bloques de países hostiles entre sí. Eso limita las posibles ganancias derivadas de la especialización y el comercio, lo que a largo plazo será muy malo para todos si la situación se mantiene.

-¿Va a poder España hacer frente al compromiso europeo de reducción de su deuda?

-Habrá que ver como quedan finalmente las reglas fiscales europeas, pero dudo mucho que se impongan compromisos rígidos que vayan más allá de lo razonable. Si es así, España debería poder cumplirlos, y le convendría hacerlo por su propio bien.

-¿Qué retos tiene una economía como la de Cantabria? Una comunidad pequeña y muy centrada en el sector servicios, aunque con un peso industrial por encima de la media nacional....

-El tamaño de la comunidad no es importante porque el mercado relevante no es el cántabro sino como mínimo el español, cuando no el europeo o el mundial, especialmente en la industria, pero también en muchos servicios. Si la pregunta es qué debe hacer el Gobierno autonómico, diría que centrarse en lo básico y no buscar atajos o fórmulas mágicas. Esto es, concentrarse en ofrecer una educación y sanidad de calidad, gestionar bien las infraestructuras de su competencia, asegurar el buen funcionamiento del sistema judicial y una gestión ágil de los permisos y licencias que le correspondan... al menor coste posible en impuestos.

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