Registradas 6.000 demandas por el cártel de camiones, 266 en Cantabria

Los letrados han creado un grupo de trabajo, lo que les permite optimizar la información y experiencias de cara a la preparación de las demandas y las solicitudes de indemnizaciones. Esta colaboración ha sido posible gracias a los informes periciales elaborados por la empresa Consultores Técnicos, que dispone de una herramienta online en la que los afectados pueden calcular la cuantía aproximada de la indemnización más los intereses.

En Cantabria, Aetrac agrupa a las empresas de transporte de mayor tamaño y ha canalizado 66 demandas de otras tantas compañías a los servicios jurídicos de la asociación en Madrid. Respecto a Asemtrasan, que representa a colectivos de transporte más pequeños, cuenta con 200 demandas que incluyen 540 camiones.

El precio medio de compra de cada vehículo se sitúa alrededor de 75.000 euros y se calcula que la devolución rondará el 10-15%. La heterogeneidad de otros mercados fuera de la UE a la hora de intentar hacer cálculos, la duración del «ilícito» acuerdo entre los fabricantes y la naturaleza del bien a calcular hacen «imposible» establecer el precio a través de un proceso de medición, según Consultores Técnicos. La empresa prevé que sumando la cuantía de las indemnizaciones y el interés legal del dinero, los fabricantes tendrán que afrontar unos pagos que sumarán 500 millones de euros.

En julio de 2016, la Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró 14 años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto. Por su parte, la firma sueca, a la que Bruselas sancionó con 880 millones, apeló la multa.