Revilla califica como «un palo» el plan para cobrar peaje en las carreteras

«Supongo que la Unión Europea habrá obligado al Gobierno de España a este reajuste a cambio de las ayudas que nos van a llegar. Ciertamente es muy preocupante, sobre todo en lo que se refiere a los peajes de autovías. No digamos nada de la amenaza de que el impuesto pudiera extenderse a carreteras de ámbito nacional o regional. Es un palo», comienza.

El jefe del Ejecutivo regional abundó en que «es un tributo muy poco discriminatorio en la medida en que hoy el vehículo y el transporte es de todos los ciudadanos: clases medias, populares o altas. También es un palo en un país en el que el transporte por carretera y las exportaciones son importantes, por lo que encarecerá estas actividades».

Revilla reconoció que «no sé si esto es un compromiso ineludible para obtener los fondos. Imagino que sí, pero la medida es muy injusta y va en contra de la progresividad fiscal. Este peaje no tiene nada de progresivo, igual que el IVA. La gente utiliza su vehículo tanto para trabajar como para desplazarse», explicó el mandatario, que optó por centrarse en esta reforma mientras aguarda a «un mayor detalle» en los cambios en el sistema de sostenibilidad de las pensiones.

El Diario Montañés publicó este viernes el sentir de políticos, empresarios, agentes sociales y académicos acerca de los cambios que Moncloa ha incluido en el documento enviado a Bruselas. Las opiniones se dividían entre los que hablaban sin tapujos de un «sablazo fiscal», como la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga; o su homóloga de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Cantabria, Ana Cabrero; hasta los que entendían que la deuda y el déficit obligan a sacrificios, aunque no compartieran en la totalidad la forma del documento, como el profesor titular de la Universidad de Cantabria, David Cantarero; o el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón. En un punto intermedio, un montón de críticos con el aumento de la presión fiscal como Enrique Conde (CEOE), Jorge de Benito (Estaciones de Servicio) o Andrés Tárano (Aetrac-Transportistas por carretera).

Otra de las cuestiones que ha quedado en suspenso, al menos así lo sostuvo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es la referida a suprimir los beneficios fiscales de la declaración conjunta. Calviño atribuyó a una «errata» su inclusión en el documento enviado a la Comisión.

El asunto no es baladí. Como ejemplo, Cantabria registró durante la pasada Campaña de la Renta del IRPF, correspondiente al ejercicio 2019, 53.323 declaraciones conjuntas de las 285.954 declaraciones totales, equivalente al 18,6% de las presentadas en la comunidad autónoma.

El documento que concretaba la polémica propuesta se hizo público el viernes de la semana pasada y recogía que el plan «incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)». Este consiste en 3.400 euros que elevan el mínimo exento del impuesto sobre la renta, beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende según los últimos Presupuestos a unos 1.000 millones al año.