La ministra Ribera ratifica el compromiso del Gobierno para ayudar al plan energético de Solvay

En unas semanas en que el coronavirus lo domina todo, hay asuntos prioritarios de cara al futuro que no pueden esperar. Decisiones clave para empresas fundamentales en el tejido productivo de Cantabria. Como uno de los ejemplos paradigmáticos, Solvay. La compañía con complejo en Barreda acudió este jueves a Madrid para entrevistarse con la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, una cita que venía a dar continuidad al encuentro de abril celebrado de forma telemática con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

Sobre la mesa, el plan de transición energética que Solvay tiene proyectado para abandonar la dependencia actual del carbón en su proceso en Torrelavega. Una actuación que, como primera gran pata, recoge la construcción de una planta de combustible sólido recuperado (CSR) que aproveche los residuos urbanos generados por la población una vez tratados y transformados. Un proyecto con una inversión estimada de 120 millones y para la que la química belga pide apoyo estatal, tanto financiero como normativo.

De ahí el calado de la reunión de hoy más si cabe tras la «satisfacción» con la que salieron del Ministerio tanto el director general de la organización, Jorge Oliveira, como el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que acompañó a la empresa a esta cumbre al más alto nivel.

La predisposición favorable a ayudar a Solvay que mostró Aagesen en abril fue totalmente confirmada por Ribera en el encuentro. Una voluntad que posteriormente el Ministerio concretó en una nota de prensa: Transición Ecológica transmitió el compromiso del Ejecutivo español «de cooperar y estudiar soluciones» para favorecer la descarbonización en Barreda.

Solvay en abril puso como ejemplo el modelo de un proyecto de CSR similar en una fábrica de Francia, en el que las administraciones galas lograron comprometer casi un tercio de la inversión. Con esa pretensión, la cifra de 40 millones sobre los 120 que costaría la planta partía como referencia, aunque Aagesen dejó claro en su momento que el Ministerio no disponía de ayudas directas por ese importe.

En cambio, sí hay otros instrumentos. Como recordaron todas las partes. Transición Ecológica sostuvo que «entre las alternativas que se barajan están la negociación con Bruselas para apoyar esta reconversión con Fondos del Pacto Verde o el desarrollo, en el medio plazo, de un mecanismo de obligaciones de eficiencia energética (certificados blancos)».

A este respecto, Revilla se mostró «convencido» de que el proyecto de Torrelavega tendrá ayudas, mientras que Oliveira abundó en «la buena voluntad» del Gobierno central y en el «muy constructivo encuentro». Por ello, anunció que se empezarán a formar grupos de trabajo técnicos entre la organización y personal ministerial para afinar los fondos a los que puede acceder la química belga.

Solvay, además, reclama otras cuestiones para favorecer su descarbonización. Entre ellas, un régimen retributivo específico para implementar un cambio de la cogeneración actual de carbón por otra de gas, una modificación que debe estar completada antes de enero de 2025.

En este sentido, Ribera reiteró ayer «el compromiso del Ejecutivo a la hora de facilitar la descarbonización de todas las empresas y, de forma especial, de aquellas que actúan como motor de la economía nacional –como es el caso de Solvay- de manera justa e inclusiva, ofreciendo oportunidades de empleo para los territorios y trabajadores afectados», señaló.

Con este fin el Gobierno se ha dotado de un Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo adscrito al Ministerio que, entre otras cuestiones, gestiona y tutela la preparación y ejecución de convenios de transición justa, en consenso con las administraciones regionales y locales, empresas y sindicatos, «para garantizar el mantenimiento del empleo y la dinamización de la economía e industria de los territorios afectados por la transición». Ahora toca ponerse a trabajar.