Revilla solicita al Gobierno central un fondo para el plan energético de Solvay

El Gobierno central, en la figura del Ministerio de Transición Ecológica, no tiene en la actualidad herramientas para aportar dinero de forma directa a la transformación energética de Solvay. Eso quedó claro el miércoles en la reunión a tres bandas mantenida entre el Ejecutivo cántabro; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen; y la empresa química, que demanda ayuda pública -financiera y normativa- para concretar con éxito su plan para abandonar el uso del carbón en su complejo de Torrelavega y blindar así su futuro.

Pero el Ministerio, tal y como aseveró Aagesen, sí puede buscar fórmulas para encontrar financiación si así se lo solicita Cantabria para una empresa considerada «estratégica». El presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, rápidamente ha recogido el guante y ya ha enviado a la titular del área, Teresa Ribera, una carta en la que considera «imprescindible» que el Gobierno de España «se dote de un fondo para apoyar la reducción de la energía primaria y emisiones de CO2 similar al de otros países de la Unión Europea», con Francia como espejo.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, Revilla incide en que «la empresa Solvay, una de las más importantes de la comunidad autónoma, se encuentra inmersa en un plan para sustituir una planta de cogeneración por carbón por una de valorización de CDR (Combustible Sólido Recuperado)». De hecho, el presidente deja claro que la iniciativa goza del «apoyo expreso del Gobierno de Cantabria».

Más aún. Según se recuerda en la carta, «para llevar a buen puerto este plan resulta imprescindible la implicación del Ministerio, con el fin de lograr que Solvay pueda optar a los fondos de transición justa de la Unión Europea». Revilla recuerda que la Administración regional, a través de la Vicepresidencia y la Consejería de Industria, dirigidas por Pablo Zuloaga y Francisco Martín, respectivamente, está dispuesta a «colaborar en todo lo posible para defender la viabilidad de la transición de Solvay ante las instituciones europeas».

Revilla cierra su escrito con un deseo. «En vista del interés que hemos constatado en la secretaria de Estado competente por el proyecto de descarbonización, espero contar con tu apoyo para esta empresa de tanta importancia en la economía y el entramado sociolaboral de Cantabria», le indica a Ribera.

El propio consejero de Industria ya explicó el miércoles que «el Ministerio en estos momentos no tiene una herramienta como sí la poseen en otros países de Europa para apoyar este tipo de iniciativas. Es un caso muy especial, la única cogeneración de carbón de toda España. Si la situación no se afronta de forma decidida, tendremos un problema», advirtió.

La caldera CDR, que supondrá una inversión próxima a los 120 millones, requerirá de financiación pública, adelantó Solvay. ¿Cuánto? En la reunión con la secretaria de Estado se dejó caer que en el entorno de los 40 millones.

«Hace falta una herramienta», abundó días atrás Martín, y con esa idea entronca la carta enviada por Revilla. «Hemos pedido de forma humilde pero enérgica que se puedan vehicular millones de euros de apoyo, como ocurre en Francia. Algo que debe resolverse de forma urgente», sostuvo el consejero.

El sindicato USO, el más activo en cuanto a la problemática energética de Solvay en los últimos años, quiso valorar ayer los últimos acontecimientos. Según dijo la organización en un comunicado, «la Administración central y la autonómica deber ser muy diligentes en despejar y concretar las ayudas y el marco normativo para que el Comex (Comité Ejecutivo de Solvay en Bruselas) acuerde realizar las inversiones necesarias en la planta de Torrelavega que permitan seguir siendo una fábrica competitiva en la producción de carbonato y bicarbonato, y por tanto sea viable».

Para USO, el proyecto «se encuentra en el peligroso tiempo de descuento» por la prohibición del empleo de carbón el 1 de enero de 2025.