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El clamor de la industria electrointensiva en torno a la escalada de los costes energéticos y la diferencia de ayudas por parte del país ... en relación a otros territorios como Alemania o Francia parece haber rendido fruto. Al menos así se desprende del anuncio efectuado el miércoles por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que avanzó que dotará con 100 millones de euros «adicionales» la compensación a la industria por los costes indirectos de CO2.
Esta partida se había fijado inicialmente en 79 millones y en principio no estaba previsto incrementarla. Sin embargo, era una de las principales reivindicaciones de las plantas electrointensivas, que en Cantabria aglutinan a fábricas como las de Global Steel Wire, Ferroatlántica, Forgings & Castings o Bondalti.
El Ejecutivo central trata así de compensar el incremento de los precios. La propia ley de Cambio Climático permite elevar la cuantía hasta el 25% del dinero recaudado en las subastas de derechos de emisión, lo que situaría la suma por encima de los 250 millones. El año pasado se quedó en el 30%, recuerda el sector, mientras que este año en principio llegará a 179 millones.
El director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, opinó este viernes que «todo lo que sea acercarse a la cuantía máxima de compensación permitida lo vemos bien. De hecho, le animamos a seguir avanzando en esa línea viendo la evolución de los precios de los derechos de C02 y de la propia electricidad. Así lo han hecho de hecho en otros países», comienza el portavoz.
¿Estos cambios tienen su origen en la presión que están ejerciendo las diferentes autonomías afectadas y los distintos lobbies empresariales? «Todo suma. De siempre el Gobierno ha mostrado el interés por dar el máximo apoyo posible por este concepto, aunque entiendo que rascar de presupuestos siempre cuesta. Ahora tienen el respaldo de la Ley de Cambio Climático para garantizar el 25% de la recaudación de las subastas. Con eso tenemos un colchón si se lleva a efecto. Como siempre, habrá que estar encima», anota.
Para el consejero de Industria de Cantabria, Javier López Marcano, «se trata de una medida positiva, pero insuficiente pues estas cifras representarían aproximadamente el 80% de lo autorizado por la Comisión Europea. Por tanto, el Gobierno de Cantabria reivindica que se alcance el 100% autorizado».
En paralelo, señala que «la actual coyuntura de escalada en los precios hace necesario abordar otros aspectos, tales como facilitar las cuantías no ejecutadas en 2020 (únicamente 61 de los 180 millones); abordar un mecanismo de subasta de interrumpibilidad útil; o la corrección de determinados aspectos del Estatuto».
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Ana del Castillo
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