El rostro de la crisis industrial en Cantabria

UGT calcula que más de 3.000 trabajadores cántabros de la industria están inmersos por regulaciones de empleo. Es un frío número en el que se esconden casos personales como los relatados a este periódico por operarios de tres de las empresas en conflicto, GSW, Troquelmain XXI (la antigua Candemat) y Ferroatlantica.

La crisis industrial desatada en Cantabria viene provocada principalmente por las tensiones internacionales comerciales, la incertidumbre regulatoria que vive el sector del automóvil que provoca desconfianza en los consumidores, y los altos costes de la energía que se han agravado con la subasta de interrumpibilidad.

Con 50 años, Francisco de la Hoz trabaja en Ferroatlántica desde hace 25. Nacido en Camargo y con dos hijos de 4 y 6 años, se ocupa del mantenimiento como mecánico a relevo. Francisco está en el mercado laboral desde los 18 años y ahora se ve afectado por el ERTE que la empresa negoció en febrero pasado y que ha decidido aplicar por los altos costos de la electricidad provocados por la subasta de interrumpibilidad. «En principio afecta a toda la plantilla, en diciembre hay pocos pero en enero habrá más», destaca.

«La subasta de interrumpibilidad que ha sacado el Gobierno no nos va a ayudar en nada», lamenta, porque supone un especial perjuicio para los siete mayores consumidores de luz en España, entre ellos Ferroatlántica. Durante el periodo de inactividad en el paro, la empresa complementa hasta el 85% del salario. Aunque admite que el coste energético influye, a su juicio «tenemos otro asunto de fondo que es el problema financiero de la empresa». A su parecer, «hay bastante pesimismo» en la plantilla: «yo personalmente desconfío hasta de nuestra propia empresa». Se muestra «estresado y cabreado» ya que «la fábrica, en la que han trabajado mis padres y mis abuelos, ha pasado por momentos difíciles pero hasta el punto de retrasos en pagar a los obreros es la primera vez», en relación a la paga extra. «Hay bastante malestar, los políticos no nos ayudan nada y el empresario se echa al monte», afirma. «Lo peor es la incertidumbre, me parece triste que tengamos que ir al banco a solicitar un crédito para afrontar pagos e hipotecas. Estamos prácticamente en una situación de abandono. Al final pagan siempre los trabajadores», lamenta.

Roberto Rivavelarde cumplirá 60 años el próximo mes de abril y es uno de los seis trabajadores que todavía permanecen en la matricera de Maliaño Troquelmain XXI, en liquidación, en servicios de mantenimiento. Tiene dos hijas «ya emancipadas» de 32 años y 27 años. Nacido en Los Corrales de Buelna, lleva trabajando en la antigua Candemat desde 1981 donde es el responsable del área de máquinas. La plantilla ha recibido ya la carta de despido y él teme que le llegará el turno a finales de diciembre o en enero, «depende de lo que digan los administradores concursales». Su única esperanza es que un inversor interesado en adquirir la empresa del grupo Dover formalice su oferta. «No sé si me llamarán», reflexiona, aunque admite que su situación «no es tan mala» como la de otros compañeros ya que «no he agotado nada de paro. Si hay una oferta y cuentan conmigo me reintegraría a la empresa y si no pasaría al desempleo y a los 61 a la jubilación».

Roberto recuerda que la situación que está sufriendo ya la ha vivido anteriormente cuando Candemat entró en concurso y luego en liquidación. «He vivido etapas bastante convulsas» por los problemas que atraviesa el sector de la automoción, para el que trabaja la matricera, «y el Gobierno de Cantabria no nos ha apoyado en nada».

Echa en falta un trato similar al que se produce en el País Vasco, donde «las matricerías las está financiando el Gobierno vasco, cogen un proyecto de una gama de troqueles los financia a un interés muy bajo y así está subsistiendo el sector. Nos sentimos totalmente huérfanos por parte del Gobierno».

Natural de Santander, Ismael Anievas tiene 43 años y desde hace 15 trabaja en Global Steel Wire donde ocupa un puesto en la máquina de colada continua. Como el resto de la plantilla, 630 personas, está afectado por un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) de 110 días al año, un ajuste que considera excesivo porque «supone seis meses de trabajo». El recorte, que la empresa justifica por malas previsiones y una reducción de los beneficios, finalmente se rebajó el viernes –después de esta entrevista– a 66 días por año.

La decisión empresarial «nos ha caído como un chaparrón», asegura, «porque no nos lo esperábamos» al obtener la empresa beneficios en los dos últimos años y lo que se aprecia en 2019 es «una bajada» de estos resultados. «No entendemos que ahora se nos premie con esto», después de la bonanza.

A su juicio, la situación que transmite la dirección de la fábrica «está fuera de la realidad, algo que nos desconcierta y tampoco sabemos qué pasará en el futuro». Para Ismael «otra incongruencia» es que al mismo tiempo de estos ajustes anunciados «se están haciendo inversiones como nunca, lo que aplaudimos». «Desde que se compró la fábrica no se ha invertido tanto en ella», destaca, de ahí la sorpresa: «estamos temiendo que sea a costa del salario de los trabajadores». Y añade que «hay días que en la empresa se trabaja a marchas forzadas y al siguiente se para la producción por falta de pedidos».

La crisis industrial que se está produciendo en Cantabria está relacionada, a su parecer, «con la subasta del sistema de interrumpibilidad eléctrica», que supone un especial perjuicio para las grandes industrias.