Una sentencia da la razón a Celsa tras no pagar a los acreedores en plena pandemia

A través de la demanda interpuesta por BarnaSteel, sociedad cabecera de Celsa Group en España, la organización apeló a la existencia de un motivo de fuerza mayor para detener los plazos de la amortización y las obligaciones del contrato de deuda amortizable senior (Jumbo).

El Grupo ha confirmado que ya se ha publicado el fallo, aunque sin mayor comentario. Fuentes jurídicas detallan que la demanda presentada en 2020 ha sido resuelta con la publicación de una sentencia en la que el juez reconoce la existencia de fuerza mayor debido al impacto del covid. La pandemia impidió a la compañía desarrollar con regularidad su actividad, por lo que vio mermados sus ingresos y en consecuencia su liquidez. Así, el juez estima que la incapacidad de Celsa para poder asumir las cuotas pactadas y resto de obligaciones derivadas del contrato de financiación es ajena a esta y causada por un hecho imprevisible.

El magistrado concluye además que, ante la incertidumbre derivada de la declaración del estado de alarma y la evolución negativa de los datos económicos, Celsa actuó de manera diligente y adecuada al suspender los pagos de la deuda. De la misma manera, la sentencia analiza que la consideración o tesis mantenida por parte de los fondos demandados en la que estiman que los problemas económicos de la compañía eran previos a la llegada de la pandemia no puede ser probada con los hechos analizados.

Sentada esta premisa, el fallo acoge las tesis de Celsa en cuanto a la existencia de una fuerza mayor y desestima las alegaciones de la parte demandada. Asimismo, reconoce en varios de sus argumentos que la compañía ha recuperado su facturación y ha mostrado su viabilidad en el año 2021.

En conclusión, el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid suspende todas las obligaciones de Celsa en virtud del Contrato Jumbo, sin carácter limitativo durante todo el año de la pandemia. A esta sentencia cabe la interposición de alegaciones en instancias superiores, por lo que previsiblemente la pugna judicial tendrá nuevos capítulos.

El mismo tribunal admitió en enero de 2021 el recurso de los fondos oportunistas para tumbar las medidas cautelares que validaban una moratoria para la devolución de unos 180 millones de euros, fruto del acuerdo de reestructuración suscrito entre 2017 y 2018.

Aquel movimiento en absoluto fue baladí para el futuro de la corporación que en Cantabria posee factorías como Global Steel Wire, Tycsa o Global Special Steel Products (antigua Trefilerías Quijano) en Los Corrales. La propietaria del grupo industrial, la familia Rubiralta, logró en primavera de 2020 que el mismo tribunal concluyera que Celsa, debido a la excepcional situación sobrevenida por el coronavirus, no estaba obligada a cumplir con el calendario de pagos acordados y que lo que pretendían en su momento los acreedores era simplemente aprovecharse de esa coyuntura.

El préstamo detonante del conflicto se suscribió en 2017 por 900 millones. La banca fue saliéndose y vendiendo su deuda a estos fondos, que ahora están a la espera de ejecutar el contrato si Celsa no cumple. El asunto llenó de preocupación las plantas nobles del Gobierno de Cantabria en mayo de 2020, puesto que en caso de no completar cada plazo de pago los nuevos acreedores podrían acceder a la mayoría del capital social.

Mientras la batalla judicial sigue bien viva, Celsa igualmente continúa pendiente de la resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) respecto a la petición de la siderurgia para adherirse al 'fondo de rescate para compañías estratégicas' habilitado por la Administración central tras ver el impacto de la pandemia coronavírica.

La cuantía de la ayuda, que ha ido modulándose a medida que la corporación retomaba el pulso en 2021, aún está por concretar, aunque se hablaba de un rescate por 500 millones. Sin embargo, los buenos resultados del pasado ejercicio pueden reducir la cantidad definitiva. En Cantabria otras compañías como Reinosa Forgings & Castings o Ferroatlántica ya han recibido financiación estatal.