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El precio de la energía ha sido, y sigue siendo, un verdadero quebradero de cabeza para la gran industria española y cántabra. Un año 2022 que estuvo trufado de paradas programadas para acompasar la producción a las fluctuaciones de costes, con unas tarifas disparadas ... a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que no hacía más que agudizar una escalada progresiva que venía advirtiéndose incluso antes de la pandemia. Ahora llegan los balances, y el impacto es notorio. Como referencia, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) trasladó ayer que la producción del sector cayó un 20% por este fenómeno.
El dato no es menor. Unesid representa a varios gigantes cántabros como Global Steel Wire, Reinosa Forgings & Castings, Sidenor Aceros Especiales Reinosa o Santander Coated Solutions. El balance es similar al obtenido en año de pandemia, según trasladó el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, durante la Junta General de la organización.
Para el portavoz del colectivo, lo preocupante es el contexto en que llegan estos datos. «Estas pérdidas sucedieron mientras la economía española creció el 5,5%», lamentó. La media del megavatio de luz en 2022 superó los 200 euros, mientras que el gas rozó los 100 euros. A día de hoy dichos parámetros se han relajado notablemente.
Unesid reclamó que el sector público español y europeo apoyen, sin discriminación alguna, los proyectos de la industria para ser más sostenible. «Las autoridades españolas y europeas tienen que valorar el esfuerzo que las empresas han realizado en materia de sostenibilidad (ambiental, social y de gobernanza) en comparación con otros competidores de fuera de la Unión Europea que, por diferentes motivos, tienen un desempeño mucho más alejado que nuestra siderurgia», señaló Velázquez, que lamentó que los fondos europeos «no consiguieron despegar como se esperaba en 2022».
Posteriormente, en un acto con los medios de comunicación, Andrés Barceló, director general de la patronal, puso el foco en la necesidad de que estos aspectos de sostenibilidad empiecen a valorarse en las compras públicas.
Barceló también tuvo tiempo de repasar el estado del Perte relativo a la descarbonización, pendiente de implantación y que se va demorando respecto a los anuncios del pasado otoño, más con unas elecciones generales de por medio. Según informó, el Gobierno nacional les ha trasladado la intención de sacar la orden de bases antes del 23J, de modo que el decreto estaría listo a finales de septiembre o principios de octubre. Eso sí, precisó que «las inversiones que sólo se vayan a realizar si tienen financiación pública es que no tienen rentabilidad», dijo, para precisar que algunas de las actuaciones «sólo se podrán abordar si reciben apoyo público».
Cuestionado por El Diario, Barceló igualmente se pronunció sobre el incremento de beneficiarios de las ayudas a las fábricas de mayor consumo eléctrico tras los cambios en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que según el portavoz ensanchan el mapa de empresas receptoras de incentivos desde «600 hasta casi 1.500». «Prácticamente electrointensivo es cualquiera ahora. Falta que se cambie el Presupuesto. A nosotros nos gustaría un tratamiento especial para los consumidores ultraintensivos, pero por el momento, si no hay más presupuesto, puede que nos quedemos colgados».
De vuelta al Perte de la descarbonización, abundó en una demanda del sector: incrementar su cuantía para dar cobertura a todas las inversiones. «Sabemos que otros fondos europeos no se van a cubrir en su totalidad», aseguró.
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