SIEP presenta un conflicto colectivo por la gestión del personal en la empresa MARE

Como explicó El Diario Montañés el pasado 2 de febrero, los representantes de los trabajadores ya denunciaban cómo se estaba abordando la problemática. En el caso de SIEP, reprochaba que la corrección era «arbitraria», además de parcial, puesto que la organización sindical lamentaba que no se atendiesen otras conclusiones del informe de Intervención como una mayor transparencia e información con el comité.

Ahora, en un comunicado de prensa, SIEP recuerda que «en la legislatura anterior se incumplieron todas las recomendaciones, incluso las de incumplimiento de procesos de selección, donde la propia auditoria reconoce la contratación de personal distinto al recomendado en el proceso, lo que supone una burla para todos aquellos ciudadanos que se han presentado y que siendo mejores candidatos no fueron seleccionados por intereses distintos a lo público».

Según la organización, «en dicha auditoria también se recoge la necesidad de negociar un nuevo convenio, el actual data de 2008. Curiosamente la empresa contrató un abogado para negociar un nuevo convenio en el 2017, la negociación la lideraba el abogado contratado y un asesor. En 2019 los actuales responsables manifestaron su voluntad de negociar un convenio. Estamos en 2021 y la empresa y su Consejo de Administración no han convocado para negociar; no han resuelto ni un solo tema en materia de personal».

El comunicado va más allá y recoge que «en enero de 2021 la Intervención General audita la ejecución de la auditoria de 2017, por lo que la empresa trata de dar visos de ejecución remitiendo burofax a trabajadores, retrotrayendo retribuciones a 2008 e incumpliendo la normativa que regula la relación laboral». En opinión de SIEP, MARE sólo tiene el interés de «salvar la responsabilidad política».

Por ello, el sindicato trasladó las supuestas ilegalidades a Intervención y, ante la ausencia de respuesta, «ahora presentamos conflicto colectivo para que un juez termine con el atropello a los trabajadores».

SIEP entiende que «tenemos una Ley de Transparencia nacional y autonómica que se incumple, ya que al comité de Empresa no se le entrega la auditoria completa; no se publica en la página de MARE; se impide conocer todos sus extremos a toda la ciudadanía... ¿Qué tienen que esconder? Tienen temor de que los ciudadanos conozcan todo lo que en ella se dice; que participan en procesos de selección e ignoran al seleccionado para contratar a los afines; que no hay procedimientos; que los trabajadores por mismo trabajo reciben retribuciones distintas dependiendo del director que hace la contratación en cada momento; que no existe ningún documento que determine y permita conocer las retribuciones asignadas a cada puesto de trabajo; que no existe negociación; o que no se remite la documentación a las organizaciones sindicales vulnerando un derecho fundamental, entre otras muchas cuestiones», reprueba la organización.

El sindicato además advierte de que se reserva otras medidas judiciales «ante lo que consideramos un lavado de cara político para evitar responsabilidades políticas que en ningún caso se depuran».