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En un momento en que la industria de Cantabria se encuentra en plena tormenta por los costes energéticos e, incluso, el proceso de transición para ... abandonar el carbón, el Gobierno central acaba de lanzar un nuevo torpedo a la línea de flotación del sector secundario autonómico. El Ministerio para la Transición Ecológica plasmó negro sobre blanco sus previsiones para la retribución de instalaciones de energía eléctrica que reciben subsidios con cargo a la tarifa de la luz, tales como parques eólicos y equipamientos solares. Pero, también, las plantas de cogeneración, sobre las que la futura orden propone un recorte de los incentivos del 35%, un «tijeretazo» –en términos de un empresario– que descuadra los presupuestos ya cerrados de varios de los grandes centros fabriles autonómicos. En la punta de lanza, Sniace, que dispone del mayor complejo de cogeneración cántabro con una capacidad de 93.000 kilovatios. La cotizada es contundente: «Sniace podría cerrar de nuevo por una normativa energética, como ya sucedió en el año 2014, cuando la reforma energética llevo a la compañía al colapso. Ahora, nuevamente, se convierte en una espada de Damocles».
Varias de las principales empresas industriales cántabras tienen planta de cogeneración. Sniace, Nestlé, Solvay, Textil Santanderina, Dynasol... En total 11 instalaciones con una capacidad global que se aproxima a los 270 MW. Todas ellas alimentadas por gas natural, a lo que habría que añadir otra de Solvay impulsada por carbón (44 MW).
Sniace es la más rotunda. «La energía térmica, en forma de vapor y agua caliente, es un factor clave en el proceso de producción y muy sensible para la competitividad de la industria de la celulosa y la fibra. Estos costes son hasta un 30% más elevados que los que afrontan las compañías de otros países de nuestro entorno, que compiten en mejores condiciones. La propuesta de retribución a las cogeneraciones en el periodo 2020-2025, recientemente publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, significará un incremento de costes de la energía para nuestra industria que, en caso de confirmarse, la haría no competitiva, e inviable su mantenimiento en activo».
El Gobierno central estima que el dinero que por esa vía obtendrá el sector español de la cogeneración se reducirá en 451 millones en 2020 (–35%), convirtiéndose en la tecnología a la que se asigna un mayor esfuerzo. De ahí que muchas compañías hayan presentado alegaciones, incluidas las afectadas en la Comunidad. «Sniace hace años dejó atrás la producción de energía a través del carbón, apostando por la cogeneración de gas natural, que es el combustible fósil menos agresivo para el medio ambiente. Sin embargo, nos encontramos con una bajada de la retribución de 14 euros/MWh, lo que implica una mayor factura energética del Grupo Sniace, de unos nueve millones de euros en 2020. Hay que recordar que, en los últimos tres años, Sniace ha invertido más de ocho millones de euros en la modernización de la cogeneración, para hacerla aún más respetuosa con el medio ambiente», sostienen fuentes de la organización.
La cotizada con complejo en Torrelavega va más allá y abunda en una idea fuerza del sector. «Los industriales necesitamos marcos estables para la planificación energética a largo plazo. La cogeneración es actualmente la alternativa de generación de calor más eficiente, pero se debe respetar el principio de rentabilidad razonable de aproximadamente un 7,5% para estas inversiones», concluye.
Otro de los emblemas de la industria cántabra a los que la propuesta retributiva del Ministerio le supondrá quebraderos de cabeza es a Solvay. Inmersa en su propio laberinto energético y con un plan entre manos para modernizar la energía en el recinto de Barreda, la caída en los incentivos igualmente supone otro palo en la rueda de la química belga. «Estamos barajando diversos planes para nuestro futuro en Barreda. No podemos renunciar a ninguna energía. Hay que hacer una defensa de la industria, pero el sector necesita tiempo para acometer esta transición con éxito», resumen desde la compañía.
Otras grandes empresas consultados por este periódico prefieren no personalizar su situación, aunque admiten que la propuesta de Transición Ecológica es un problema. Algunas de ellas hacen suyas las reivindicaciones de la patronal Acogen (Asociación Española de Cogeneración).
Porque, de hecho, esta fórmula había sido un asidero industrial desde hace tiempo. La cogeneración es una tecnología que produce electricidad y calor. Las centrales que existen en España utilizan mayoritariamente gas natural –salvo la mencionada de Solvay– como combustible, a partir del cual se generan kilovatios que se vierten al sistema eléctrico a cambio de una remuneración. En paralelo, también se emite vapor, que las propietarias emplean para sus procesos productivos. Ese doble aprovechamiento situaba a este sistema en cabeza de la vanguardia energética.
Una práctica consolidada en el sector energético es que, como ocurre con casi todos los parques eólicos y complejos de energía solar (fotovoltaicos y termosolares), así como con las plantas de biomasa o de residuos, las de cogeneración tienen sobre el papel asegurado un mínimo de rentabilidad, la llamada 'rentabilidad razonable' a la que hacía referencia Sniace, próxima al 7%. Ello conlleva el pago de subsidios a cuenta de la tarifa eléctrica para cubrir la diferencia entre el precio obtenido por los productores en el mercado y el que en teoría garantiza la rentabilidad razonable. La regulación establece que cada seis años se revise y actualice la previsión de lo que va a recibir cada una de esas tecnologías durante los seis siguientes. Para ello es determinante la metodología y los datos que se utilicen. Los que ha usado Transición Ecológica para estimar los subsidios correspondientes al período 2020-2025 arrojan resultados que han soliviantado al sector en general y a Acogen en particular.
Fuentes corporativas califican el planteamiento de la Administración central como «inasumible». Como punto de partida, las empresas contemplaban únicamente un ajuste de 150 millones, por lo que los presupuestos anuales de estas compañías, cerrados hace apenas un mes, quedan ahora invalidados como consecuencia de cambios metodológicos y de una actualización parcial de los parámetros retributivos, sostienen desde Acogen.
santander. Desde el Gobierno de Cantabria, su director general de Industria, Raúl Pelayo, subraya que «este cambio retributivo llevará aparejado para nuestra industria un aumento muy importante en los costes de producción, con una pérdida importante de competitividad. Aunque este tipo de instalaciones ya han pasado su período de amortización, el impacto económico puede tener gran repercusión. Añadiendo además el incremento sufrido en los últimos años en el costo del gas y de la electricidad, va a dejar a las empresas que tienen plantas de este tipo en una posición muy desfavorable».
No sólo eso. «El Gobierno de Cantabria considera que este nuevo cambio en la retribución a la cogeneración supone un nuevo incremento en los costes energéticas de nuestras empresas, con lo cual no podemos estar de acuerdo. Lo que pedimos es que se mantengan las retribuciones actuales y se prolongue la vida útil de las plantas existentes, para de esta forma poder solventar el continuo incremento del coste en la generación energética de las empresas».
Pelayo igualmente recuerda que el sector, a través de Acogen, «ya presentó sus alegaciones a esta propuesta de orden y nos transmite la gran preocupación, puesto que de publicarse con el texto actual la rentabilidad de este tipo de instalaciones queda en grave peligro».
El director general del colectivo, Javier Rodríguez, va más allá. El portavoz explica que la Orden, que ha motivado una catarata de alegaciones, tiene una entrada en vigor prevista para finales de mes. Eso sí, con efectos retroactivos, lo que ya se ha dejado notar en las estadísticas. «La producción nacional en las plantas de cogeneración ha caído un 8,5% en enero. Éste es el efecto que sólo el anuncio ha tenido en la actividad industrial», arranca.
Para Rodríguez, «el recorte obedece a una acumulación de una serie de errores técnicos que están minusvalorando cómo se tienen que actualizar los parámetros retributivos. Nosotros estamos pidiendo una actualización justa. No se entiende en absoluto en una situación como la actual. Sin déficit eléctrico y estabilidad en las retribuciones eléctricas y gasistas, no es de recibo este recorte para nosotros. El sector esperaba un ajuste de 150, pero no de 300 millones más, como así se ha planteado».
¿Se lo había avanzado el Ministerio a las empresas? «No. No existe ese grado de necesaria colaboración. Se ha reconocido públicamente que hay errores en la Orden, pero en fallos de esta magnitud lo importante es saber hasta qué grado se va a solventar».
En relación al descenso productivo de enero, «eso es por la perspectiva de que no se cubran los costes. El problema es que el 60% de las empresas no puede parar las plantas de cogeneración, porque entonces tendrían que detener la fábrica al no poder obtener de otra forma el calor que necesitan. El impacto está siendo brutal».
Respecto a las consecuencias, desde Acogen se muestran pesimistas si se concreta el escenario dibujado por el Gobierno pilotado por el PSOE y Unidas Podemos. «Esperamos que la Orden se corrija. Si no, habrá consecuencias de centenares de recursos, con unos efectos en el empleo que en este momento son impredecibles».
En Cantabria las plantas están llegando al fin de su vida útil, aunque el Gobierno aún no ha dado pasos en pos de un plan renove.
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Ana del Castillo
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