Sniace generó 115,2 millones de deuda nueva impagada en los 40 meses que estuvo abierta

El hito, tras un concurso de acreedores que alumbró un convenio en 2015 para abonar 90,9 millones tras una quita del 50%, tuvo continuidad con la reapertura un año después de la división de fibra (Viscocel). Lo que en un primer momento emergió como una buena noticia que daba una nueva oportunidad de generación de empleo y prosperidad en el Besaya ha tornado antes de cuatro años en el cierre del complejo y una nueva catarata de deudas e impagos a añadir a los ya recopilados años antes. A grandes rasgos, la reapertura ha supuesto un coste superior a los 196 millones, principalmente a la espalda de proveedores, pymes y accionistas. Así se desprende de la documentación actualizada que los administradores han remitido recientemente al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en la que se pone negro sobre blanco a esta segunda etapa de la compañía. Como primer gran titular: Sniace generó en estos apenas 40 meses de problemático funcionamiento -de octubre de 2016 a febrero de 2020- 115,27 millones de deuda nueva impagada, un periodo en el que igualmente se promovieron cuatro ampliaciones de capital por cerca de otros 81,6.

La nueva información remitida al tribunal que pilota la insolvencia de Sniace, en fase de liquidación a la espera de que algún inversor pueda quedarse con la unidad productiva e iniciar una nueva etapa libre de la mochila de obligaciones que arrastra la sociedad, totaliza unos créditos por parte de los acreedores que superan los 311,25 millones entre la asfixia financiera que derivó en la declaración de concurso y la catarata de nuevas deudas larvadas en estos poco más de tres años. La papelera estuvo de nuevo dirigida por Blas Mezquita hasta enero de 2019, tomando el relevo en la Presidencia Gema Díaz Real respaldada por los nuevos máximos accionistas. Sabino García Vallina junto a su ingeniería TSK, hasta el anuncio de cierre en febrero de este año.

La sociedad esgrimía que el recorte a las retribuciones a la cogeneración había llevado a su proveedor, Cogen, a la rescisión unilateral de contrato ante las pérdidas que le suponía. En el listado de acreedores Cogen igualmente tiene reconocido por los concursales un crédito pendiente contra la masa por 5,8 millones de euros.

Los administradores, según ha podido constatar El Diario, han entregado al Juzgado la lista de deudas de cada sociedad de Sniace, que sobrepasan los mencionados 311,25 millones. Desglosadas, Sniace debe 141,93 millones; Viscocel 97,3: y Celltech 72,04. En 2014, durante la elaboración del primer inventario de activos y deudas, los administradores contabilizaron un pasivo de 196 millones correspondiente a más de 1.300 damnificados.

Dentro de ese listado de afectados igualmente aparecen los trabajadores. Como ejemplo, en la documentación relativa a Celltech se acumulan retrasos con el personal por 1,47 millones entre créditos ordinarios o con privilegio general. Viscocel, por su lado, arrastra incumplimientos con los empleados por 1,69 millones. Sniace anota otros 1,16 millones al listado.

Por lo demás, las sociedades y personas que aparecen como perjudicadas por la errática marcha de la firma industrial son de naturaleza diversa, aunque predominan los proveedores y pymes, muchos de ellos de Cantabria. Igualmente hay administraciones públicas, como ayuntamientos o juntas vecinales, con el sector financiero y la Seguridad Social, por lo general, con las reclamaciones más elevadas.

Así las cosas, Sniace generó cerca de 2,88 millones de deuda por cada mes que estuvo funcionando en esta segunda etapa. Todo ello sin contar las pérdidas de sus accionistas.

El Juzgado de lo Mercantil igualmente dispone de la actualización del valor contable que estiman los actuales administradores en relación a la masa activa de la organización, que en total asciende a 176,78 millones.

Por sociedades, Sniace atesora activos por un valor contable de 106,082 millones; Viscocel por 47,51; y Celltech por 23,19.

La documentación también pone cifra a uno de los 'secretos' mejor guardados hasta el momento por la compañía: la tasación de sus terrenos, cuya parte excedente pretende vender para que puedan ser empleados para uso industrial por otras empresas para instalarse en el entorno. Este era, de hecho, uno de los elementos con los que jugaba el Consejo de Administración a la hora de poder seguir adelante con su plan de negocio. De nuevo, ahora en el proceso de liquidación, volverá a ser un factor a tener en cuenta.

Los terrenos y construcciones en algunos casos están gravados por diferentes cargas hipotecarias o financieras. Aún con todo, según la valoración efectuada en febrero por Intervalor Consulting Group SA, los suelos estaban tasados en 36,62 millones, con una superficie total de 641.388,17 m2 repartidos en siete fincas.

El cierre definitivo del complejo industrial de Torrelavega, como ya explicó este periódico en febrero, vino a confirmar lo que muchos ya sospechaban: que los parámetros sobre los que se sustentó el plan de viabilidad, y que avalaron los acreedores, no se ajustaban a la realidad del mercado que iba a afrontar la organización.

Como ejemplo paradigmático, las proyecciones de precios de la celulosa para el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Las estimaciones, integradas en esa hoja de ruta que obtuvo la aquiescencia de la masa acreedora, fluctuaban entre 850 y 900 dólares por tonelada métrica en 2015; 900 y 1.100 en 2016; 1.100 y 1.590 en 2017; 1.350 y 1.625 en 2018; y 1.350 y 1.120 dólares en el año 2019.

La compañía consideraba «razonable» la proyección en especial por «las importantes barreras que dificultan el crecimiento de la oferta del algodón y el balance de oferta y demanda en el mercado de la celulosa dissolving», argumentaba en diciembre de 2014. Sin embargo, esas tarifas superaban, incluso doblaban, las presupuestadas por otros referentes del sector que operaban en el mismo ámbito de actividad que la organización presidida entonces por Mezquita.

Así al menos lo pudo documentar El Diario a través de planes de otras multinacionales del mismo negocio, que en base a sus proyecciones para un periodo prácticamente calcado trabajaban con una expectativa más cauta, con un precio de la celulosa que oscilaba, según sus cálculos, entre 720 y 800 dólares. Esta cuestión en absoluto era baladí. No sólo porque parte de los resultados plasmados en ese plan se efectuaron con estos parámetros que se han revelado como muy optimistas, sino que, además, fueron la causa aducida por Sniace para plantear en diciembre su Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En aquel momento, la organización sostuvo que la medida iba encaminada a «paliar la situación de sobreproducción, en un momento en que los precios han registrado una importante caída en los mercados mundiales. La decisión se ha adoptado ante la situación de los mercados, en los que el precio de la celulosa ha registrado una caída significativa», explicó entonces.