Sniace pidió ayuda al Gobierno para obtener 20 millones semanas antes de la liquidación

El propio presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, cifró ese pasivo aún latente -la empresa llevaba desde 2016 soportando los plazos de su concurso de acreedores- en 74 millones. Pero eso no fue lo relevante, sino que Sniace pidió ayuda al Gobierno regional para obtener financiación por 20 millones, bien vía crédito bien a través de aval público, meses antes de anunciar que echaba el cierre.

Así lo reveló ayer Revilla desde la tribuna del Parlamento autonómico, dentro de una respuesta a la interpelación de la líder de la oposición en el antiguo Hospital San Rafael, María José Sáenz de Buruaga (PP). Según explicó el jefe del Ejecutivo, después de que la organización que preside Gema Díaz Real no lograra completar la cuarta ampliación en otros tantos años -cubrió 24,4 millones de los 32,6 perseguidos, en su mayoría por la aportación de los principales accionistas-, Revilla se reunió con «los empresarios». A saber, Sabino García Vallina, como primer propietario; y Félix Revuelta, como segundo. A partir de ahí se fue consolidando la necesidad de que Sniace iba a requerir financiación por otros 20 millones pues, de lo contrario, «era muy difícil seguir».

Sniace pretendía que fuese el Gobierno de Cantabria el que facilitara esa operación. Revilla mencionó en una primera intervención que el mecanismo solicitado era un «aval público», mientras que en otra presencia posterior en la tribuna detalló que se exploraron con el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) diferentes fórmulas. «El Gobierno llegó a ofrecer avalar el 30% de ese crédito», subrayó, a expensas «de lo que nos dijeran desde la Unión Europea» en relación al endeudamiento y las posibles ayudas de Estado.

Sniace en todo caso no tenía acceso al crédito bancario, no sólo por estar en concurso, sino por tener todos sus activos ya comprometidos en operaciones previas, caso de los terrenos.

No sólo eso. «Llegué incluso a hablar con la máxima autoridad de Banco Santander», Ana Botín, para renegociar parte de la deuda que el banco le reclamaba en el juzgado bajo amenaza de instar la liquidación, y que «estuvo a punto de aceptar una pequeña quita».

Estos encuentros se produjeron a finales de año, escasas semanas antes del cierre.

Por su lado, Buruaga reclamó «unidad de acción para pasar de las palabras a los hechos» y defendió la necesidad de reclamar en Madrid medidas para hacer más rentable la cogeneración y cambios en el proyecto de Estatuto Electrointensivo que favorezcan a las fábricas locales.