Sniace: tres años del cierre sin un final cercano

«Sniace, la liquidación más larga». Ese era el titular elegido por este periódico para resumir el artículo publicado el 19 de febrero de 2022 en el que se daba cuenta de la demora de un proceso que arrancó antes de la pandemia coronavírica con el anuncio del cierre por parte de la entonces cotizada con fábricas en Torrelavega a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Aquello fue el 14 de febrero de 2020, poco antes de las 20 horas. Una notificación paralela a una reunión con la plantilla para informar de que la empresa ya no daba más de sí y que no podía cumplir con los pagos a sus acreedores. Como último clavo del ataúd, los cambios en la retribución a la cogeneración introducidos por el Gobierno de España, que llevaron a su socio energético, Cogen, a suspender el contrato de arrendamiento y gestión sobre la instalación energética que exploraba en el complejo industrial.

La liquidación más larga, en definitiva, ya en 2022, con la vista puesta a que el 20 de abril se conocerían los potenciales interesados en pujar por los activos de Sniace. Lo cierto es que un año después el proceso sigue atascado y no se otea un final próximo, mientras la compañía mantiene un ramillete de trabajadores que cobran todos los meses, al igual que los administradores.

¿Ha habido cambios relevantes entre 2022 y el actual febrero de 2023? Algunos de calado, sí. Seguramente, no los deseados por la mayoría. El principal: no habrá una segunda vida para la unidad productiva de Sniace.

Eso quedó claro en mayo del año pasado, cuando los concursales, José Luis Ramos Fortea y Pedro Vilella, rechazaron la única oferta presentada por la totalidad de los activos. En otras palabras, el planteamiento que podía dar continuidad a la trayectoria vinculada en los últimos años a la fibra, la celulosa y la comercialización energética.

Los administradores declinaron la puja por sus características, algo de lo que advirtieron en un primer momento. No sólo por su baja cuantía, sino por no encajar en los requerimientos del plan de liquidación. Básicamente, quería los activos libres de unas cargas que los acreedores, con la banca a la cabeza, no iban a levantar.

A partir de ahí, pocos avances sustanciales y sí muchas vueltas. Como ejemplo paradigmático, el lote centrado en el negocio forestal de Sniace.

Los administradores trasladaron al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid un informe de evaluación de propuestas por este perímetro en el que recomendaban adjudicar estos activos a la compañía vasca IBS Capital, tras presentar en plazo, esto es, antes del 20 de abril de 2022, una oferta por ocho millones y el compromiso de dar prioridad en la contratación al personal que trabajaba en este área de Sniace.

El Diario informó de esta preadjudicación el 17 de junio en 2022, un momento clave en la liquidación y el principio de la paralización actual que vive el procedimiento, tal y como han admitido los propios administradores en su último informe trimestral remitido el pasado enero.

Ence lo cambia todo

Como actor clave en este laberinto jurídico, la multinacional Ence. El gigante europeo irrumpió poco después denunciando que no se había publicitado suficientemente el plan de liquidación –a pesar de que tuvo contactos con los administradores desde el propio ejercicio 2020– y registró una oferta fuera del plazo oficial por 9,1 millones. Eso sí, condicionada al estado e inventario de los activos. Finalmente, el magistrado que pilota la liquidación accedió a que los administradores evaluaran esta puja, ante las críticas de IBS Capital, que cifra en 40 millones el perjuicio que está sufriendo ante tanta demora.

El cisma no acaba ahí, pues Ence ha recurrido e insiste en que el procedimiento no se ha hecho de forma adecuada, por lo que reclama que se anulen varios actos de la liquidación y se abra de nuevo un plazo de seis meses para presentar ofertas.

¿Consecuencias? Los administradores tienen «paralizada» toda la enajenación de activos hasta que los tribunales resuelvan sobre esta petición. Así lo recogieron Ramos Fortea y Vilella en el último informe de seguimiento, del cuarto trimestre de 2022.

En el mismo, además, se avanzaba que CaixaBank se quedaría con las dos primeras fincas vendidas en subasta pública, a las que sólo concurrió un único interesado para pujar 500.000 euros más IVA. En dicho documento asimismo se reflejaban los «serios problemas para la identificación de muchas de las parcelas, puesto que no tienen referencia catastral o número de finca registral o sin correspondencia entre ambas», lo que impedía la venta de otro tipo de activos.

Tres años de penar y todo el proceso detenido. Los acreedores, aún pendientes, con una deuda que suma 153,83 millones entre Sniace, Celltech y Viscocel.

• Temas
• Historias visuales