Sodercán autoriza la auditoría para decidir si invierte más en Fundinorte

La cúpula del ente público acordó la elaboración de esa evaluación con un plazo de tres semanas desde su contratación, por lo que se espera que los documentos estén encima de la mesa de Peña Herbosa a finales de abril. No obstante, otros representantes del Consejo abundaron en la necesidad de acortar plazos, en especial para acabar con las tribulaciones que actualmente dominan a los trabajadores de la compañía, que se hallan inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que derivó en que de media estuvieran en las instalaciones durante 2017 unas 20 personas, con meses en que esa cifra caía hasta cerca de la mitad.

El encargado por el ente público no será el primer informe que tenga entre sus manos el Ejecutivo, -que ha comprometido 3,3 millones en reflotar el complejo -2,2 vía Sodercán y 1,1 a través del Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF)-, propiedad en la actualidad del Grupo Vela. Como avanzó ayer este periódico, el pasado 18 de diciembre se solicitó opinión a la firma Lloyd's. A tenor del resultado, se estimó oportuno verificar cuestiones relativas a la trazabilidad de los hornos adquiridos para Fundinorte -al parecer, de segunda mano y procedentes de India-; la cartera de clientes; operaciones vinculadas entre grupos; o el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad en el trabajo, entre otros aspectos.

A este primer estudio le sucedieron otros dos de otra firma diferente, que resultaron contradictorios respecto al diagnóstico en que se halla Fundinorte. Con este contexto, la nueva auditoría será una pieza clave para decidir qué pasos adopta la Administración.

El Grupo Vela ya reclamó en otoño 1,3 millones al Gobierno, que Sodercán rechazó ante la ausencia de disponibilidad presupuestaria. Esta negativa propició el primer ultimátum de los dueños del complejo, que amenazaron con cerrar la planta si la dupla PRC-PSOE no cumplía «los compromisos» verbales y escritos con los que la aventura industrial se pudo poner en marcha en septiembre de 2016.

La Administración, en especial Sodercán, entiende que ha completado los acuerdos pactados con la propiedad. Tan solo restan por transferir 125.286 euros que aún no se han girado ante las dudas del compromiso de los dueños con el proyecto. De hecho, a día de hoy la plantilla está en casa a la espera de que haya una solución al problema con independencia del sentido de la misma.

Según fuentes conocedoras del desarrollo de la situación actualmente no hay circulante para adquirir materia prima y los clientes se pueden contar con los dedos de una mano. Por ello, la auditoría de finales de abril será decisiva, aunque especialmente el PRC siempre ha considerado que Fundinorte es una empresa estratégica para la Comunidad.

Sin ir más lejos, días atrás se produjo una reunión entre los empresarios y las principales figuras del Ejecutivo, con el presidente, Miguel Ángel Revilla al frente. Fue en ese cónclave en el que se decidió encargar una evaluación ante las incertidumbres que se ciernen sobre la viabilidad de la actuación.

En sus últimas previsiones, la antigua Greyco apuntó en noviembre la intención de producir 5.000 toneladas de fundición este mismo año, lo que implicaría contratar 20 personas más, hasta un total próximo a 80 empleados.

El erario público ha tenido que intervenir en diversas ocasiones en Greyco en los últimos años -no con los actuales propietarios- por lo que la fundición se ha convertido en uno de los problemas industriales cíclicos a los que debe hacer frente la Administración. Ahora, a tenor del transcurso de los hechos, el Gobierno vuelve a tener un conflicto a la vista.