Sodercán pugna en la Audiencia Nacional para no pagar 431.000 euros por deudas de Greyco

En concreto, Hacienda reclama a Sodercán 431.205,02 euros. El pasado mes de febrero el Ejecutivo recibió la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que desestimaba el recurso de alzada interpuesto en el expediente de derivación de responsabilidad subsidiaria que se sigue contra las personas que formaron parte del Consejo de Administración de Fundicobesaya por deudas tributarias de esta última que no fueron abonadas en su día por la propia sociedad.

Los asesores fiscales de Sodercán recomendaron interponer recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional al entender que había base jurídica suficiente para poder oponerse a las pretensiones del fisco. Como segundo argumento, el ente público no tendrá que hacer frente a gastos adicionales de abogados al tenerlos incluidos en su contrato de asesoría jurídica, por lo que sólo habría que costear el procurador, cuyos emolumentos se consideran asumibles.

Eso sí, los asesores fiscales se curan en salud y señalaron que no garantizan que vaya a prosperar ese recurso ni descartan la posibilidad de una eventual condena al pago de las costas judiciales para el erario regional.

Este pleito en la Audiencia Nacional no es el primer lance que tienen el fisco y Sodercán a cuenta de la antigua Greyco. El Gobierno de Cantabria aceptó en 2019 pagar más de 240.000 euros a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por la deuda que mantenía la compañía con Hacienda. En ese Consejo el Ejecutivo tuvo a través de Sodercán dos representantes, contra los que dirigió, entre otros, sus actuaciones la AEAT y por los que tuvo que responder el ente público, que por orden del Gabinete PSOE-PRC trató de reflotar la fábrica en los primeros años del siglo XXI con diversas ayudas públicas.

El proceso germinó en 2018 cuando la AEAT impulsó el procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria, reclamando a un hoy técnico de Sodercán 481.949,02 euros como posible responsable subsidiario en relación con Greyco, y solidaria con los restantes miembros de su Consejo, otros tres compañeros, entre ellos un extrabajador. Entre 2007 y 2008 salieron de la compañía los dos representantes públicos.

Este último episodio fue el desencadenante para que Sodercán diera luz verde a la retirada progresiva de sus consejeros en las empresas en las que participa en el capital social después de haber comprometido fondos públicos. La Administración cántabra se adhería así a la tendencia estatal y prefería adoptar medidas preventivas para evitar nuevas reclamaciones lesivas para las arcas regionales en caso de que las organizaciones en las que tiene una presencia testimonial acaben en la quiebra o con deudas de calado con organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.