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La integración de la Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria (Sogarca) en la castellanoleonesa Iberaval parecía que iba a ser pan comido. Al menos así se apuntaba en mayo por parte del Gobierno de Cantabria, que hablaba en términos de semanas para cerrar la operación ... ; sin embargo es un proceso que, de llevarse finalmente a cabo, se está dilatando más de lo que parecía inicialmente. Desde la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio apuntan a que el Consejo de Administración de la sociedad decidió encargar un informe sobre la operación a una consultora externa que pormenorice el planteamiento antes de llevarlo a cabo. Además, no se descarta que puedan llegar otras ofertas interesadas por hacerse con Sogarca más allá de lo puesto sobre la mesa por parte de Iberaval o que finalmente no haya absorción alguna. De hecho, el último en rechazar la transacción ha sido el PSOE a través de una moción presentada en el Ayuntamiento de Santander.
Después de que el consejo de administración de Sogarca en mayo acordase el inicio de las negociaciones con Iberaval, también se aprobó encargar a una consultora externa que trabajase con la sociedad de garantía de Castilla y León en la elaboración de un 'due diligence' que se dedicara a sentar las bases para valorar y alcanzar un proyecto común de fusión y elaborar a la par un informe para el consejo de administración. En concreto, ese agente externo que se ha contratado desde Sogarca es la consultora Deloitte, tal y como se determinó el pasado 9 de julio.
Todo ello para encauzar una operación que desde el Gobierno de Cantabria defienden porque, insisten desde el PP, «implicará que las pymes y autónomos de la región dispongan de más crédito para financiar sus proyectos empresariales. «Se va a multiplicar por nueve el importe avalado en el último año, el volumen de avales vigentes al cierre del ejercicio de Iberaval es seis veces superior al de Sogarca (98,8 millones frente a 16,8)», es uno de los argumentos que esgrimió el consejero de Industria, Eduardo Arasti, para defender su postura, y que parece que convenció a una buena parte de las asociaciones involucradas o afectadas, entre ellas CEOE-Cepyme, las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam), que según apuntaron desde el Ejecutivo les han transmitido su apoyo a la fusión que se está trazando.
Sin embargo, igual que hay una buena parte de sectores que ve con buenos ojos la integración, desde otros son más críticos. En su momento el PRC fue el primero en posicionarse abiertamente en contra e incluso el actual presidente de Sogarca, Miguel Ángel Díaz, mostró su escepticismo sobre la operación planteada. También el PSOE se unió a esa parte renuente porque, al igual que los regionalistas, consideran tal y como expusieron en el Parlamento que es «una entrega en manos de una sociedad foránea que altera nuestro sistema territorial».
De hecho, el PSOE insiste en esa defensa de mantener las cosas tal como están, y por ello la concejala socialista en el Ayuntamiento de Santander Paz de la Cuesta ha presentado una moción para su debate en la que pide que el Consistorio, como parte del consejo de administración de Sogarca, se posicione en contra de la «fusión por absorción». Una operación que la edil no ve necesaria, entre otros motivos, porque «actualmente ya las pymes y autónomos de Cantabria pueden acudir a Iberaval; de la misma forma que acuden a otras sociedades de garantía recíproca que operan en Cantabria, como puede ser la sociedad de garantía recíproca vasca Elkargi».
De esta forma, en la moción que será debatida por el pleno del Consistorio santanderino, De la cuesta habla de que se trata de una «absorción innecesaria» y que desde su punto de vista no beneficiaría al tejido empresarial cántabro. Es más, cree que la desaparición de la sociedad de garantía de nuestra región traería «consecuencias muy negativas» porque, entre otros motivos, hace que disminuya la competencia en este sector de financiación y, por otro lado, incide en que el poder de decisión de Cantabria se vería muy reducido en el posible futuro consejo de Iberaval. Ademas, la moción expone que Santander sería una de las principales damnificadas porque «desde su constitución, hace 40 años, el 45,92% del volumen de crédito concedido por Sogarca se ha destinado a empresas domiciliadas en la capital cántabra».
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