Sólo el 14,8% de los cántabros cuenta con un plan privado de pensiones para su jubilación

El pasado 8 de febrero el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, avanzó que el Consejo de Ministros daba luz ver al real decreto que incentiva estos fondos privados permitiendo, entre otros aspectos, rescatar los ahorros a los diez años. Según las estadísticas de Inverco, al cierre de 2016 86.236 de los 582.206 cántabros tenían contratado este tipo de producto. Un 14,8% de la población que supone dos puntos menos que la media nacional y una caída de medio punto en relación a 2015. La proporción, de hecho, es la misma que en 2014.

Un vistazo a la evolución del último lustro permite observar dos tendencias evidentes. La primera, disminuye el número de propietarios de un plan, tal y como acredita la caída desde 2012 con 96.982 personas destinando parte de sus ingresos a este objetivo con los 86.236 de hace dos años. Por contra, el patrimonio mantiene un ritmo alcista sostenido al saltar de 677,6 millones hasta 848,7. En porcentajes, una reducción del 11% (10.746 ahorradores menos) y un incremento del 25,25% (171 millones más).

El director de Estudios y Estadísticas de Inverco, José Luis Manrique, viene a arrojar luz sobre estos comportamientos del sector en la Comunidad. «Cantabria mantiene una evolución positiva, muy en la media nacional. No obstante, hay que destacar que en el ahorro por persona se sitúa por encima de los registros medios de España -9.842 euros por 9.003-», arranca.

Manrique igualmente resta importancia a la pérdida de personas que tienen un plan privado. «Es cierto que el número de partícipes ha caído, pero existen diversos motivos para explicar este fenómeno. Especialmente que muchos de los ahorradores han llegado a la edad de jubilación y proceden a rescatar el dinero acumulado durante años», contextualiza.

En España, atendiendo a los datos de Inverco relativos a 2016, había 7,82 millones de personas utilizando este tipo de productos financieros, un 16,8% de la población total. En cuanto a la penetración por autonomías, La Rioja se sitúa en cabeza con un 23,9% de partícipes, seguida de Castilla y León (21,5%), Madrid (21,3%) o Aragón (21,2%). En la otra cara de la moneda, Asturias, Extremadura y Andalucía, todas con un 13,6%; y País Vasco (2,5). En este último caso no se incluyen las estadísticas relativas a las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), por lo que la proporción presenta desviaciones considerables. Además, la patronal del área precisa que, a pesar de estos porcentajes de usuarios, el número de personas que efectúa aportaciones periódicas queda muy por debajo.

De cara al futuro, en Inverco tienen claro que todavía resta mucho camino por recorrer. «España está muy por debajo de la media de la OCDE en términos de ahorro privado sobre el PIB. Aquí no llegamos al 10% -de hecho, es el 6,3%- mientras que en países como Holanda alcanza el 200%», sostiene Manrique. En el caso cántabro, se corresponde al 6,8% de la riqueza regional, en la línea de ejercicios previos. Por ejemplo, en 2014 la equivalencia en relación al PIB era del 6,7%.

En cuanto al tipo de plan de pensiones, atendiendo al número de partípices, en Cantabria predominan las fórmulas mixtas, que seducen a un 49,8% de los ahorradores. Un 26,5% se inclina por la renta fija; un 13,8% por los garantizados y un 10,2% por la renta variable. En el caso de España los porcentajes son del 48,4%; 28,7%; 14,5%; y 8,4%, respectivamente.

Este debate y mayores incentivos a los planes privados no ha cogido con el pie cambiado a los representantes de los trabajadores. Los sindicatos, en cambio, apuntan a la necesidad de blindar el Estado del Bienestar y dejar este tipo de productos para aquellos que quieran más pensión de jubilación.

Por ejemplo, el secretario general de UGT, Mariano Carmona, afirma que «ni que decir tiene que para UGT el debate no es el mayor o menor nivel de implantación de los planes de pensiones privados entre los trabajadores, la cuestión principal es defender un sistema público que preste los servicios esenciales a los ciudadanos y que tenga suficientes recursos económicos para ello, y en este objetivo las pensiones públicas son un pilar fundamental».

Carmona defiende que los porcentajes de participación de ahorro privado se mantengan como hasta la fecha. «Es más, siempre será una buena noticia que el número o porcentaje de personas con un plan de pensiones privado sea bajo y que la gran mayoría de los trabajadores estén integrados en un sistema público de pensiones que en España ha funcionado bien hasta ahora y al que habrá que dotar de los recursos económicos necesarios, después de que el Gobierno español haya agotado el fondo de reserva en los últimos años».

En su opinión, «los planes privados de pensiones no garantizan en ningún país del mundo equidad ni justicia social como un adecuado sistema de pensiones públicas y, seguramente, serán en su momento la gran estafa del siglo XXI a la que habrá que responder con rescates de dinero público».

Desde CC OO, José Antonio Calderón Tezanos, secretario general de la Federación de Pensionistas en Cantabria, apunta que «el tema no es si los trabajadores tienen capacidad de ahorro para invertir en un plan de pensiones privado. El debate debe ser sobre cómo hay una campaña para acabar con el Sistema Público de Pensiones y generar un ambiente favorable en la opinión pública hacia la privatización de algo que, por convicción, sólo debe ser público».

Calderón va más allá y recuerda que «las trabajadoras y trabajadores y sus empleadores cotizan para garantizar un sistema público de pensiones que redistribuya y garantice una vida digna a las personas una vez jubiladas o pensionadas. Dejar esto en manos privadas es apostar a la insolidaridad social, al sálvese quien pueda y al empobrecimiento de la inmensa mayoría de adultos mayores de Cantabria y del país. Desde CC OO no creemos que los planes de pensiones privados sean una solución, sino que se van a convertir en un problema y, de generalizarse, agrandarán la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen», asevera.

En una línea similar se pronuncian desde USO. «Como principio, el sindicato defiende un sistema publico solidario y universal de pensiones que garantice unas pensiones dignas para afrontar los últimos años de vida con los mínimos vitales cubiertos», expresa su secretaria general, Mercedes Martínez.

Sentada esta premisa, la mandataria va más allá. «Los planes de pensiones el sindicato USO los concebimos como un instrumento complementario de la pensión publica; por tanto con aportaciones voluntarias».

De hecho, la secretaria general afea el debate actual con la coyuntura que viven muchos asalariados. «En el actual contexto, con las secuelas dejadas por la crisis y la devaluación del poder de compra de los trabajadores con una creciente precarización del empleo (temporalidad y bajos salarios), los planes privados de pensiones resultan prohibitivos para el segmento de población que sufre dificultades para llegar a fin de mes cubriendo las necesidades vitales».

Como cierre, USO «considera viables los planes privados colectivos, donde las empresas cubran como prestación la aportación mensual para garantizar una renta pactada en el convenio».