Solvay alega contra el plan de energía y clima nacional al «poner en serio peligro» su planta

La organización se halla inmersa en la búsqueda de inversores y ayudas de las administraciones para que la multinacional dé luz verde a su proyecto de transición energética en Torrelavega. Una hoja de ruta que supone un desembolso de 200 millones, pero que todavía no ha recibido autorización ante las incertidumbres normativas nacionales.

En ese contexto es donde el PNIEC no ha venido a ayudar a la química belga, sino más bien al contrario, por lo que ha presentado tres alegaciones principales. La primera, y la más relevante según apuntan fuentes de la organización, gravita en torno a la cogeneración de gas. En concreto, la pretensión de Solvay pasa por que el Plan contemple la conversión de las calderas de cogeneración de carbón de alta eficiencia que emplea actualmente la factoría a una cogeneración, de alta eficiencia también, pero basada en gas natural. En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso este periódico, se abunda en que «la cogeneración de alta eficiencia de gas aparece penalizada en el PNIEC respecto a la tecnología de ciclo combinado» cuando esta metodología «emite un 11% menos de gases de efecto invernadero».

Por ello, solicita que se prevea para el periodo 2015-2030 un «aumento del parque de cogeneración de gas en el Mix energético del país en un 30%». Este sistema es uno de los ejes básicos del proyecto de transición energética de la organización. Consultada por este periódico, la empresa sostiene que «sin ese marco regulatorio estatal favorable a la cogeneración industrial basada en gas natural se puede poner en riesgo la inversión anunciada de 200 millones de euros en la fábrica y se puede poner en riesgo, por tanto, la continuidad de Solvay en Cantabria, dado que una energía térmica competitiva es fundamental para competir en los mercados internacionales que operamos», manifiesta.

Esa advertencia también queda notificada al Gobierno español en las dos siguientes alegaciones. La segunda reposa en la «discriminación de la cogeneración de alta eficiencia de carbón frente a las centrales térmicas convencionales de carbón». En su alegato, la compañía esgrime que «la cogeneración de carbón, a pesar de ser más eficiente y sostenible ambientalmente, tiene como escenario objetivo su cierre en 2025. Sin embargo, para las centrales térmicas de carbón, menos eficientes y con mayor impacto ambiental, se sitúa esa fecha en 2030». Por tanto, piden que se mantenga su metodología también hasta ese periodo.

Aquí, en la justificación, es donde Solvay pone negro sobre blanco su preocupación de cara al futuro y así deja constancia de forma pública ante la Administración central. «En el caso particular de Solvay en Torrelavega, el cierre de la cogeneración de carbón significa una grave pérdida de eficiencia energética en nuestro proceso muy intensivo en consumo de calor y una grave pérdida de competitividad que pone en serio peligro la continuidad de la actividad del complejo industrial de Solvay en Cantabria. Esto supondría la pérdida del único productor nacional de una materia prima indispensable para el sector industrial como es el carbonato sódico», manifiesta.

Lo escrito, escrito queda, y más frente a los responsables gubernamentales, aunque la empresa luego matiza a este periódico que esta pretensión de alargar la vida hasta 2030 es totalmente secundaria. Fuentes de la organización señalan que en el plan de transición se contemplaba la conversión del carbón al gas antes del año 2025, siempre que el marco regulatorio favorable a la cogeneración de gas natural se aprobase con la debida antelación. Pese a todo, abundan en lo «injusto» de la redacción del PNIEC en este punto.

Sin embargo, y de vuelta a las alegaciones, Solvay reproduce de forma literal su advertencia sobre su futuro en el tercer punto que recurre. En este caso, propone incluir en la nueva reglamentación estatal un «mecanismo de apoyo a proyectos de mejora de huella de carbono en la transición de cogeneración de carbón a gas u otro combustible que implique una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».

Además de la amenaza de cierre con esta potencial regulación, la química reprueba que «aparece una disminución en la cogeneración con residuos, cuando este tipo de cogeneraciones debería fomentarse teniendo en cuenta tanto las directivas europeas de residuos y de cogeneración de alta eficiencia como los objetivos de economía circular», manifiesta.

Para aquilatar sus pretensiones, echa mano de otras normativas. «El apoyo a la transformación de la cogeneración de carbón a gas u otro combustible con efecto reductor de emisiones de gases de efecto invernadero está alineado con el Real Decreto Ley del Régimen Especial de las Islas Baleares» aprobado en febrero de 2019. En concreto, resalta que este texto «promueve el fomento de la sustitución tecnológica de la generación eléctrica por fuentes de energía renovables y de bajas emisiones», además de promover «las medidas necesarias para la sustitución de combustibles fósiles por alternativas más limpias».

La diferencia estriba en que en este caso balear ya hay un acuerdo entre Endesa y el Gobierno de las islas para dejar de quemar carbón en enero de 2020, por lo que la eléctrica se acogerá a los incentivos para producir energía mediante la cogeneración con residuos.

¿Cómo van las gestiones de Solvay para captar inversores para su plan de transición energética? Según la corporación, los contactos con las empresas privadas han ido bastante bien, pero se está a la espera de que se aclare el panorama regulatorio para avanzar en la iniciativa, que deberá ser aprobada como ya se ha mencionado por el comité que tiene la multinacional en Bruselas.

Según la sociedad, sus alegaciones coinciden con las reclamaciones efectuadas por diversas asociaciones patronales y sindicatos, todas ellas en defensa de la industria en España, por lo que se tiene «confianza» en que sean atendidas por las autoridades correspondientes antes de la aprobación del PNIEC.

En este contexto, la coyuntura política tampoco es un asunto baladí, pues el Gabinete del socialista Pedro Sánchez ha sido el que ha acelerado las políticas para fomentar la transición energética, por lo que se tiene relativamente asumido que si continúa en Moncloa será más difícil que varíe el marco normativo.

Más aún. Hay otros colectivos que han alegado en contra de los potenciales intereses de Solvay y no son en absoluto actores menores. Tal es el caso de Greenpeace España, que en su intento de modificar el PNIEC va más allá aún y pide un calendario de cierre de cada una de las instalaciones que usan carbón y su potencia, con un plazo individualizado y específico.

Además, solicita «el cierre inmediato» de la generación de electricidad mediante residuos sólidos urbanos, lo que Solvay pretende implementar.