Solvay convoca la semana próxima a la plantilla por la transición energética

Con el calendario acortando plazos, y en la mesa de la multinacional un proyecto inversor por 200 millones para acometer ese cambio energético en Torrelavega que permita dejar de lado el carbón para fiar el futuro a la cogeneración de gas y al combustible sólido reciclado, el sindicato USO reclamó ayer públicamente la constitución de una mesa de diálogo social que garantice el porvenir de la empresa en la Comunidad. Un órgano en el que se den citan, además de la propia compañía, sindicatos, administraciones y sociedad civil para, en definitiva, empujar entre todos para que desde Bruselas autoricen ese desembolso al entender que será rentable durante los próximos lustros.

USO, además de advertir de las amenazas que sobrevuelan el medio plazo de la instalación, exige diversos compromisos. De Solvay, que inicie la transición energética «de inmediato» para relevar el carbón en enero de 2025 como máximo; y, en paralelo, que la multinacional dé luz verde a la construcción de una planta de cogeneración de gas de alta eficiencia.

En ese memorándum que se pretende articular, administraciones y sociedad civil tienen mucho que decir. José Vía, portavoz del sindicato, reivindicó que la transición energética sea «una prioridad de trabajo» en la nueva legislatura. Para ello, la organización pide que Cantabria exprima sus atribuciones e impulse una estatuto de industrias intensivas en el uso del gas-calor; así como desgravaciones del 25% en las inversiones para el autoconsumo energético.

Más importante aún. USO plantea un 'plan renove' de eficiencia energética para la instalación de nuevas plantas de cogeneración de gas de alta eficiencia. Para ello, Vía sostuvo que el Estado transfiere anualmente a Cantabria cuatro millones de euros, por lo que defendió que el Gobierno autonómico habilite una partida para cada ejercicio de la próxima legislatura a la que se pueda acoger no sólo Solvay, sino grandes industrias que empleen tecnología de este tipo. ¿La cuantía? Según el sindicalista, 30 millones anuales, 120 hasta 2023.

La fábrica tiene actualmente del orden de 370 trabajadores propios, más otros 300 en empresas subcotnratadas. Por ello, USO abunda en hacer «una llamada a la clase política» para que se pueda «afrontar este compromiso de inversión con garantías».