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La guerra entre Rusia y Ucrania parece lejana, pero el impacto se nota de forma clara en España. Más en Cantabria, defiende USO, que ... celebró este jueves y el miércoles en Santander el III Congreso de la Federación de Industria estatal. Su secretario general, Pedro Ayllón (Barcelona, 1964), de nuevo reelegido al frente de la Federación, no esconde sus temores por varias empresas cántabras, como Solvay o Ferroatlántica.
-¿Es Cantabria paradigma de territorio golpeado y amenazado por una guerra que parece lejana?
-Totalmente. Aquí hay mucha siderurgia y mucha empresa electrointensiva. Por tanto, es uno de los territorios donde las consecuencias del conflicto van a impactar con más virulencia. También está la industria del automóvil. Si se mira empresa a empresa, la que no tiene ERTE tiene riesgo de localización. O como Solvay, con plazos apretados para dejar el carbón y que aún no ha hecho nada. El tema energético ya era anterior a la guerra. Nosotros llevamos tiempo reclamando un Pacto de Estado.
-El Gobierno de Cantabria insiste en que llegarán buenas noticias para las electrointensivas antes de acabar el año. ¿Comparte esa opinión?
-En absoluto. No tenemos constancia de esto. Las administraciones por lo general siempre dicen que van a apoyar a este colectivo. En nuestro I Congreso ya nos manifestábamos por este problema y nos prometían soluciones. Me fío muy poco.
-Ferroglobe plantea estar prácticamente sin producir en España, incluida la planta de Ferroatlántica de Boo, todo 2023 y casi 2024. ¿Hay ya una decisión clara de desinversión del Grupo respecto al país?
-Con las multinacionales es muy complicado saber exactamente qué sucede. Igual pasó con Nissan. No sabría ser categórico en este tema. Pero que hay un riesgo muy elevado, eso sí parece seguro.
-¿Qué papel debe tener el Estado en estos casos? Por ejemplo, Ferroglobe recibió casi 35 millones de la SEPI.
-Una cosa tan sencilla como anticiparse. No sólo dar dinero y tener reuniones cuando el incendio ya es evidente. Todas estas empresas que han recibido fondos tendría que estar legislado que no pudieran cerrar de aquí para mañana de esta manera. Aparte, claro, de devolver las ayudas. El Gobierno tiene capacidad para hacer cosas, pese a que las multinacionales tienen mucho poder.
-¿Hay visos de que el panorama energético cambie en los próximos trimestres?
-En los próximos meses pienso que en absoluto. Ya la situación era la que era con anterioridad. La guerra en Ucrania da la impresión de que irá para largo. La situación de las empresas va a ir cada vez a peor, pues no van a ir contra pérdidas.
-Hay empresas como Solvay que llevan más de un año esperando a que el Estado confirme si apoya su plan de transición energética con fondos públicos. Los plazos cada vez son más apretados. ¿Cómo ve la Federación este caso singular?
-El 1 de enero de 2025 ya no se podrá quemar carbón. Existe el temor de que lleguemos tarde con Solvay. Estamos casi en 2023 y una instalación no se monta en tres días. Probablemente se necesite un año y medio o dos años. Es una de las empresas que está con un riesgo inminente de que en un momento determinado entre en una situación, no sé si cerrar, pero desde luego bastante complicada.
-Usted estuvo en el centro de la negociación con Nissan en su reestructuración en España, con la marcha de Barcelona y el peligro que corrió la planta de Los Corrales. ¿Sigue esa espada de Damocles sobre la fábrica cántabra o se ha aclarado el panorama con el plan de ultracompetitividad?
-En teoría, sí se aclaró. Pero la realidad es que está trabajando a un 45% de capacidad instalada. Se están buscando nuevos clientes. Tampoco es una empresa que se pueda decir que pueda estar tranquila del todo, aunque probablemente esté en mejor situación que las electrointensivas tras haber realizado sacrificios. No obstante, habrá que seguir ojo avizor, más teniendo en cuenta que son más de 500 trabajadores en esa fábrica.
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