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En pleno terremoto sanitario, cuya onda expansiva ha dejado tocada la coyuntura mundial, hay empresas que aún en economía de guerra para capear el temporal y la falta de mercado tienen que pensar en el futuro para, precisamente, seguir gozando de eso, futuro. Tal es el caso de uno de los buques insignia de la industria de Cantabria, como es Solvay. La compañía, inmersa en un complejo proceso de transición energética para dejar de lado el uso del carbón en su fábrica de Torrelavega, se entrevistará hoy, por fin, con el Ministerio de Transición Ecológica para tratar de obtener certidumbre normativa y, a ser posible, apoyo financiero para acometer esa renovación. Un cambio que hasta el momento se ha topado con obstáculos notables en la regulación que la Administración central pretende aplicar para los próximos años. Además, los efectos del coronavirus han venido a acrecentar las barreras ante las apreturas económicas.
El encuentro busca retomar el cónclave abortado en marzo tras las restricciones de movimiento para mitigar la expansión del Covid-19 y ha sido promovido de nuevo por el vicepresidente del Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloaga. Por parte del Ministerio, estará al otro lado de la pantalla la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que pondrá voz a la postura estatal.
Solvay ha venido lamentando en los últimos tiempos la falta de flexibilidad de la normativa energética, en especial a la hora de cumplir determinados objetivos en un limitado espacio temporal, así como la falta de ayudas para acometer una renovación de sus plantas de cogeneración. Esa será una de las líneas maestras del discurso de la química belga, cuya representación estará encabezada por el director general de la compañía en España, Jorge Oliveira. El Gobierno cántabro también defenderá a la empresa a través del consejero de Industria, Francisco Martín, que ya ha venido reafirmando en los últimos tiempos el carácter estratégico que la organización industrial tiene en una autonomía como la cántabra.
Más allá de las solicitudes adicionales que la compañía pueda trasladar a Aagesen por las circunstancias sobrevenidas del virus, uno de los aspectos nucleares del encuentro será el contenido definitivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que el Gobierno remitió hace escasas semanas a Bruselas para su validación definitiva sin incluir en el mismo las múltiples alegaciones del sector, entre ellas las de la propia Solvay,
Este 'recurso' a la hoja de ruta dibujada por el Ministerio en absoluto es un tema menor. Al contrario, la química belga dejó bien claro en su alegato que se ponía en serio peligro la continuidad de la actividad industrial en Torrelavega. ¿Por qué? Una de las alegaciones principales gravita en torno a la cogeneración de gas. En concreto, la pretensión de Solvay pasa por que el Plan contemple la conversión de las calderas de cogeneración de carbón de alta eficiencia que emplea actualmente la factoría a una cogeneración, de alta eficiencia también, pero basada en gas natural. Otra reclamación reposa en la «discriminación de la cogeneración de alta eficiencia de carbón frente a las centrales térmicas convencionales de carbón». En su alegato, la compañía esgrime que «la cogeneración de carbón, a pesar de ser más eficiente y sostenible ambientalmente, tiene como escenario objetivo su cierre en 2025». Este horizonte no ha cambiado y pone en riesgo el complejo,
Solvay está avanzando en algunas patas de su plan, como la instalación de plantas de combustible derivado de residuos. Sin embargo, los aspectos mencionados previamente están atascados actualmente.
Cuestionado días atrás por el envío del Pniec a Bruselas, el propio Zuloaga explicó a este periódico que «hasta donde conozco el periodo de consultas en el que Solvay y otras empresas han presentado sus alegaciones no ha finalizado al ser suspendidos sus plazos por el estado de alarma decretado por el Covid-19. Este debe ser el motivo por el cual el Ministerio no ha incluido ni las alegaciones de Solvay ni las de ningún otro alegante, dado que los tiempos administrativos han quedado suspendidos por el estado. A pesar de la crisis, Europa ha debido de insistir de manera urgente en la remisión de la documentación por parte de España y se ha vuelto a enviar la misma, cuestión que entiendo subsanable», anotó el vicepresidente.
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Ana del Castillo
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