Sonrionansa «busca un inversor» que ayude a superar el concurso de la piscifactoría

Los administradores concursales de Sonrionansa están buscando un inversor que pueda financiar a la piscifactoría ubicada en Val de San Vicente ahora que se encuentra regulada judicialmente por un proceso de insolvencia. Así lo informó el actual consejero delegado de la organización, Antonio Sainz Millán, durante su declaración ayer en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander para decidir si se suspendían de forma cautelar diversos acuerdos societarios adoptados entre 2018 y 2019 relativos a ampliaciones de capital con las que se ha diluido la participación de otro de los socios, el demandante Bufete Rosales.

Con la reciente admisión a trámite de una querella en el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Vicente de la Barquera por presunta administración desleal, fraude de subvenciones o delitos societarios, entre otros, como aperitivo de las vistas mercantiles de ayer en Las Salesas, el magistrado deberá decidir ahora si procede o no la suspensión de varios acuerdos, entre ellos una compensación de créditos a cambio de participaciones.

En este sentido, en noviembre de 2019 se acordó una ampliación de dos millones que no se completó, aunque Sainz Millán precisó que se aprobó que su anotación en el Registro Mercantil pudiera llevarse a cabo hasta 12 meses después. Fue ahí donde explicó que «se autorizó a los administradores para buscar un inversor que financie a la concursada». Sonrionansa fue declarada en concurso hace exactamente un año para, según detallaron en su momento los empresarios, blindarse ante una deuda que reclamaba la Seguridad Social de la etapa anterior. La compañía surgió en 2017 de las cenizas de la liquidada Tinamenor.

«Hay varias compañías muy interesadas en entrar. Esta es una empresa sólida», reivindicó el consejero ante el juez.

Con todo, la representación de Rosales afeó algunas de estas operaciones, como la compensación de créditos, que tiene «un efecto perverso y supone un mero maquillaje financiero al no disfrutarse del ingreso de nuevos créditos», afirmó. De hecho, fue más allá y apuntó que «creemos que hay un concierto entre ellos -Sainz Millán y el otro promotor, Martín Alonso- para que así suceda», esto es, que el segundo aumentara considerablemente su participación en el capital social.

Como respuesta, la parte demandada se opuso a las pretensiones de los demandantes respecto a estas medidas cautelares ya que, según su criterio, la petición «no ha sido fundada con claridad y precisión. Dejemos trabajar a los administradores», pidió durante las conclusiones.

En otro momento de la mañana también salieron a colación los reparos que la Inspección de la Delegación de Hacienda en Cantabria concretó en un acta de liquidación del IVA respecto a determinadas facturas al cuestionar la certeza y realidad de las operaciones reflejadas dado que «las prestaciones de servicios que se recogen en dichas facturas no se han producido, no son ciertas y no han podido ser realizadas por las entidades emisoras» por las razones de su inactividad; carencia de infraestructuras y reacción de la emisora de regularización.

Según la parte demandada, este acta liquidatoria será objeto de un contencioso después de que Hacienda haya vuelto a rechazar el recurso de los empresarios.

De cara al medio plazo, en septiembre se dirimirán nuevas medidas cautelares relativas a la retirada de las facultades a los consejeros. Igualmente, queda pendiente de resolver la petición de los administradores concursales para, igualmente como medida preventiva, aplicar embargos a los consejeros para cubrir un presunto déficit patrimonial que se ha cifrado en más de un millón de euros por la gestión llevada a cabo.