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Lucía Palacios y P. Chato
Madrid
Martes, 4 de octubre 2022, 14:25
Sin unanimidad pero con un acuerdo con CCOO y UGT, el Gobierno ha negociado estos días las condiciones salariales de los funcionarios para este año y los dos siguientes. CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios de la Administración Pública, se ha opuesto a las condiciones pactadas que deberán incluirse en los próximos Presupuestos Generales: un incremento de hasta el 9,5% para los más de tres millones de empleados públicos durante el periodo 2022-2024.
Traducido a Cantabria supone que esta subida se aplique a los 34.151 empleados públicos que hay (a fecha de enero) en la región, de los cuales 23.546 están integrados en la Comunidad; 6.079 en las entidades locales; y otros 4.529 en la Administración General del Estado.
El acuerdo nacional será plasmado en una ley básica y como tal será de aplicación a todos los funcionarios de Cantabria, como han explicado desde la Dirección General de Función Pública. Este miércoles se reunirá la mesa General de Negociación de Cantabria con los sindicatos, un encuentro que ya estaba agendado antes del acuerdo, para abordar la situación del sector de cara a los presupuestos del año que viene. Precisamente hoy, la Federación UGT-Servicios Públicos de Cantabria ha apoyado el acuerdo suscrito con el Gobierno de España, porque «amortigua de manera razonablemente realista el aumento del inflación, recupera derechos laborales y sociales y construye la Administración del siglo XXI».
«Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendrán un incremento salarial y no sufrirán congelaciones o recortes de sus remuneraciones o en sus derechos laborales», ha destacado Carmen Meruelo, secretaria general de la Federación cántabra, que destaca que además del incremento salarial, el acuerdo incluye «cuestiones importantes para mejorar la situación laboral que vienen a reactivar una negociación colectiva con temas aún pendientes de negociar como la jornada laboral de 35 horas semanales». Además, permite recuperar la jubilación anticipada parcial, el carácter de mínimos de permisos y vacaciones, la percepción íntegra del salario en las situaciones de incapacidad temporal o la aplicación profesional y el desarrollo del Grupo B, ha destacado.
El acuerdo alcanzado con UGT y CCOO este lunes está condicionado, sin embargo a que en las próximas semanas se plasme en el texto otra serie de mejoras pactadas como son, precisamente, la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o el pago del 100% de la baja por incapacidad temporal.
La oferta definitiva del Ministerio de Hacienda incluye no solo la subida para los dos próximos ejercicios, sino que por primera vez realiza una revisión de ese 2% inicial que estaba fijado en los Presupuestos para este año y accede a ese 1,5% adicional que exigían los sindicatos por la escalada de los precios. Gracias a este alza, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y se consolidará en sus nóminas, los funcionarios recibirán una paga de más 500 euros brutos de media antes de que finalice el año.
Para 2023, el Ejecutivo aprobará una subida fija del 2,5% para el sector público, que podrá elevarse hasta el 3,5% en función de cómo evolucione la economía y la inflación. Concretamente, si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 supera el 6%, tendrán un variable del 0,5%. A su vez, si el PIB nominal en 2023 llega al 5,9%, obtendrán otro 0,5% más, aunque esta prima parece bastante difícil de conseguir ante la desaceleración de la economía. Ambas tendrían carácter retroactivo y se consolaría en sus nóminas.
De cara a 2024, los funcionarios verán incrementarse su remuneración un 2% con un extra de medio punto porcentual si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%; es decir, si los precios crecen más que la subida fija que les han aplicado, algo que sí es factible en vista de que solo en 2022 la inflación ha crecido un 9%. También será retroactivo y consolidable.
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