Sumar quiere prohibir la compra especulativa de pisos y gravar más las herencias

El artículo 47 de la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sumar se basa en este artículo para proponer prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes de la residencia habitual o el alquiler asequible. Esta medida sería temporal y para obligar a las comunidades autónomas que no han declarado zonas tensionadas (como la Comunidad de Madrid), Sumar quiere «condicionar» todas las ayudas públicas a la vivienda que reciben las comunidades al cumplimiento de la ley de Vivienda.

Además, en sus propuestas para resolver el problema de la vivienda incluyen subir el IVA de los alquileres turísticos al 21%, suprimir las deducciones que tienen los caseros en IRPF y Sociedades (por gastos financieros, amortización o mejoras) cuando se trate de alquileres turísticos y elevar al 20% la imputación de rentas inmobiliarias en zonas tensionadas en los periodos de no ocupación del piso. En el caso de alquileres destinados a vivienda, limitar las deducciones en el IRPF si no es un alquiler asequible.

También plantean destinar 40.000 millones de euros de los préstamos de los fondos europeos (diez veces más de lo que el PSOE pretende movilizar) para crear un gran parque de vivienda pública no desclasificable, es decir, que nunca deje de ser pública. Con ese dinero calculan que se podría movilizar un millón de viviendas vacías en zonas tensionadas y ofrecer a sus propietarios alquilarlas de forma segura a través de la agencia pública de alquiler y garantizando que si el dueño necesita el piso lo recuperará en un plazo de seis meses. Así como construir en cinco años otro medio millón de viviendas públicas para reducir las tensiones de precios.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elude afrontar una profunda reforma del sistema tributario y argumenta que todas las medidas que se han ido tomando aisladamente en el tiempo que llvan gobernando ya conforma una reforma. Una reforma que se exige desde Bruselas para hacer efectivo el próximo desembolso de fondos europeos. Hasta que la Comisión Europea se pronuncie, Sumar va a llevar a la negociación presupuestaria con su socio de coalición varias medidas fiscales. El discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde afirmó: «Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas», ha hecho crecer la confianza en Sumar de que gran parte de sus medidas saldrán adelante. Al menos en el primer trámite con su socio de Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió que no se trata de subir o bajar impuestos sino de quién paga impuestos. En este sentido, Sumar propone que el Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas que se aplica en la actualidad a patrimonios a partir de tres millones de euros, se aplique a partir de un millón de euros. Este impuesto se aprobó para recaudar a las grandes fortunas cuando la comunidad autónoma había aprobado en la práctica la exención con el Impuesto sobre Patrimonio. Y eso mismo quiere repetir Sumar con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. «Queremos crear un impuesto de solidaridad también a las grandes herencias, las que superen el millón de euros excluyendo la vivienda habitual también deben aportar a las arcas públicas. Ya sabemos que Madrid hace regalos fiscales a los ricos. Es profundamente injusto», aseguró Díaz ayer al presentar su programa. Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció más rebajas en el impuesto de sucesiones con mayores bonificaciones entre hermanos o tíos y sobrinos.

Para evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se sugiere la creación de un Impuesto a las Grandes Herencias o, alternativamente, incluir en el IRPF las ganancias patrimoniales provenientes de herencias y donaciones. Este impuesto sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido.

El Impuesto Estatal a las herencias se establecería para las que fueran superiores al millón de euros y se realizaría de forma similar al Impuesto a las Grandes Fortunas «que ha cortocircuitado las bonificaciones en Patrimonio que realizaban las comunidades autónomas», puntualiza el programa de Sumar.

La ley de Presupuestos no puede introducir un nuevo tributo ni modificar el IRPF por lo que Sumar insta a que este compromiso acompañe la aprobación de los Presupuestos y se desarrolle como una proposición de ley en los próximos seis meses.

Asimismo, Sumar exige que se hagan permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas de forma íntegra. Y reclamarán reducir el IVA a los servicios veterinarios, pero que pierdan la exención del Impuesto a las primas de seguro de los seguros sanitarios privados y que pague IVA la enseñanza privada. Igualmente abogan por reducir el IVA para los servicios de peluquería, electricidad, pañales o productos sin gluten.

Por otro lado, Sumar considera prioritario que, de las ocho semanas de permiso para cuidado de menores de ocho años, cuatro sean retribuidas y subir a 20 semanas los permisos por nacimiento. Estas medidas estaban pactada en el acuerdo de coalición y la habían planteado para los Presupuestos de 2024, que el Gobierno retiró en el último momento por temor a la falta de apoyos. Y pone sobre la mesa establecer una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo o hija hasta que cumpla 18 años.