Teka propone un ERTE para Santander de un año y 32 jornadas de afectación

Compañía y representación social tienen abierto el periodo de consultas para la regulación en la fábrica de Cajo, que emplea a unas 250 personas. Según explica a El Diario el presidente del comité, Luis Fernández (UGT), la pretensión del fabricante de electrodomésticos de cocina pasa inicialmente por un expediente de un año de duración, con una afectación por empleado de unas 32 jornadas.

Los sindicatos, evidentemente, tratarán de mejorar este planteamiento de salida. En todo caso, el ERTE es menor de lo esperado en un primer momento y reposa en causas organizativas y de producción. En otras palabras, Teka busca dotarse de cierta flexibilidad para acomodar sus ritmos de producción a las condiciones de un mercado que sigue viviendo fluctuaciones no sólo tras la pandemia, sino igualmente como consecuencia de las derivadas económicas e industriales de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La planta santanderina ya tuvo en los últimos tiempos ciertos problemas de abastecimiento de materia prima y materiales ante las tribulaciones de algunos proveedores. En esa línea va el expediente que se pretende pactar con el comité a lo largo de este mes de mayo.

Según Fernández, en principio el ajuste laboral afectará a la totalidad del personal, en la línea de regulaciones pasadas negociadas por la compañía. No obstante, es posible que, una vez en vigor, la incidencia sea mayor para el área de producción, siempre dentro de los límites de 32 jornadas que se negocian en la actualidad.

Como avanzó este periódico el pasado 22 de abril, la Dirección de Cajo trasladó a los representantes de la plantilla que era «casi seguro» que la organización presentara un ERTE para el centro regional y que de forma inminente daría traslado de la documentación pertinente para justificar la medida.

El ajuste laboral en la planta cántabra no es un caso aislado. Como muestra, alcanzó en abril otro acuerdo para un ERTE en sus instalaciones de Granada.

En este contexto de dudas en cuanto a la producción y a la evolución económica, las partes negociaban en paralelo la renovación del convenio colectivo. Vista la situación, la representación social realizó una nueva propuesta centrada exclusivamente en el aspecto económico, con la aspiración de firmar cuanto antes el convenio. El resto de las reivindicaciones de las partes quedarían sin abordar.

Las turbulencias productivas y de actividad no son las únicas preocupaciones que rodean a Teka. Al contrario, la compañía se halla inmersa en una negociación con sus principales acreedores para garantizarse un tiempo con el que poder reequilibrar su situación financiera, deteriorada tras el impacto de la pandemia coronavírica.

Según avanzó El Confidencial días atrás, el grupo industrial se halla en conversaciones con Banco Santander y BBVA para refinanciar unas deudas que ascienden a 150 millones.

Para ello, la corporación, presidida por Arturo Baldasano y con unos 4.000 empleados, ha contratado a Ernst & Young para diseñar un nuevo plan de negocio que garantice la viabilidad a futuro. La consultora igualmente es la auditora de las cuentas y ya ha advertido del riesgo para la continuidad de la actividad.

Sobre estos nubarrones alertó en otoño, aunque de forma genérica, el CEO del Grupo, Stefan Hoetzl, al comité de Santander. Así lo trasladó a El Diario el propio presidente del comité: «En principio, ellos quieren mantener la planta en Santander, pero nos avisan de que el año que viene va a ser duro y de sacrificios», adelantó Fernández.

De momento, esos sacrificios comienzan con la citada flexibilidad, en línea con la de otras fábricas como BSH o GSW. La otra batalla la juega la cúpula de Teka con la banca.