La temporalidad del sector público se desboca en 2019 y roza ya el 40% de los trabajadores

Esa tendencia igualmente tiene otra arista. La EPA registró 29.899 trabajadores del sector público con contrato indefinido, la segunda cifra más baja junto con la de 2017 (28.571) de los últimos 14 años. Una evolución que deriva en que en sólo un año se haya pasado de un 27,44% a un 38,03% de temporalidad en las administraciones públicas, la tercera tasa más alta de todas las autonomías españolas sólo superada por País Vasco (39,17%) y Navarra (38,46%), y casi 10 puntos más que la media española en el mismo concepto, 27,82% (905.200 asalariados eventuales de un total de 3.253.400).

En este grupo se incluyen funcionarios interinos, personal laboral e, importante también, todo el personal de empresas que trabajan para la Administración, como contratas de limpieza o mantenimiento, cuyas plantillas suelen estar marcadas por la eventualidad.

En el desglose por sexo, Cantabria está asimismo entre las primeras autonomías españolas con mayor temporalidad tanto en hombres como en mujeres. Al expirar 2019 había 7.222 trabajadores con un contrato limitado, el 35,47% de los 20.315 registrados, lo que representa el segundo más alto del país, sólo rebasado por el País Vasco (36,23%) y 14 puntos más que la media nacional en el mismo sexo, 21,26% (300.100 de un total de 1.411.300). La temporalidad femenina alcanzaba el 39,78% (11.123 de 27.929), la tercera más alta del conjunto nacional, por detrás de Navarra (45,08%) y País Vasco (40,85%).

¿Cuáles son los motivos de estos fenómenos? Evidentemente, estos máximos históricos en el sector público surgen de un notable incremento de un 11,48% de asalariados en torno a las administraciones en Cantabria durante el año pasado (4.964). Este fuerte repunte se basa exclusivamente en los eventuales, ya que ese balance de 4.964 empleos más que en 2018 surge de un incremento de 6.469 o 54,5% de asalariados con un contrato temporal -los indefinidos cayeron en 1.500-, el segundo de todo el país sólo superado por La Rioja (56,10%).

Para María Jesús Cedrún, secretaria general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Cantabria, estos máximos históricos no son «casualidad». «Venimos de unos recortes de plantilla brutales en los empleados públicos de todas las administraciones desde la famosa Ley de Estabilización Presupuestaria, conocida como Ley Montoro; y además estas mismas administraciones públicas subcontratan o adjudican servicios a empresas privadas donde la temporalidad se ha hecho hegemónica, y más desde que la reforma laboral de 2012 abrió las puertas a los mayores índices de eventualidad y precariedad laborales registrados hasta ahora, y no sólo en el sector público. Desde los años de la crisis, el Gobierno central recortó gastos de personal en todas las administraciones públicas del país hasta límites desconocidos, no permitiendo la reposición de vacantes del personal propio, obligando a contratar temporalmente a trabajadores para cubrir servicios que, por su carácter estable, deben ser desempeñados por trabajos indefinidos».

Desde CC OO, Javier Báscones, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, sostiene que «las administraciones públicas de Cantabria se han comprometido a reducir la temporalidad al 8%. Para ello es preciso desarrollar ofertas de empleo público ordinarias y extraordinarias que permitan recuperar los puestos perdidos en los últimos años, con procesos de promoción interna que favorezcan el desarrollo de la carrera profesional y mejorar los procesos de consolidación y estabilización en el empleo público con el máximo respeto a los principios constitucionales de acceso a la función pública».

Para la secretaria general de USO, Mercedes Martínez, «falta voluntad política porque mantener a una parte importante de la plantilla como interina resulta cómodo para las propias administraciones dado que la inestabilidad genera sumisión y resulta más económica. Resulta paradójico que quien debe dar ejemplo de estabilidad se convierta en un foco de lo opuesto», opina.

Manuel Ángel Pérez Solís, secretario general regional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), subraya que «vamos a luchar por la estabilización de plazas, que no de personas. La Administración está dando pasos en ese sentido y estaremos vigilantes para que se cumplan».

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), a través de su portavoz, Inmaculada Peña: «Llevábamos años sin ofertas potentes de empleo público, por lo que todas las personas que entraban lo hacían en precario. La realidad es que se ha perdido empleo».