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Las réplicas del terremoto que está ocasionando la huelga del metal en Cantabria subieron ayer un nivel su intensidad y visibilizaron el profundo malestar que los trabajadores enarbolan en la actualidad no sólo con la patronal Pymetal, sino igualmente con el Gobierno autonómico, en particular ... con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla; y el titular de Industria, Francisco Javier López Marcano.
En ambos casos, los damnificados pidieron a gritos su dimisión durante la jornada, primero en la asamblea informativa celebrada a primera hora en el Parque de Las Llamas de Santander y, posteriormente y con una mayor virulencia, en una concentración organizada en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) ante la propia Consejería de Industria, donde se registraron los momentos de mayor tensión e incluso se lanzaron huevos y hielos.
En la que era la decimocuarta jornada de huelga, y que se preveía como una muestra del elevado ánimo en la parte laboral del conflicto donde los sindicatos se reforzaron en la idea de que «vamos a seguir hasta obtener un convenio digno», los ataques frente al Ejecutivo regional provienen de diferentes motivos. Contra Revilla, por su declaraciones la semana pasada afirmando que «no es tiempo para huelgas».
El malestar por aquellas palabras, y la posterior 'desaparición' del presidente del conflicto, se dejó sentir ya en la asamblea de Las Llamas, que finalizó con gritos pidiendo la dimisión del jefe del Ejecutivo.
El propio Revilla reaccionó a lo largo de la mañana e instó a la patronal y a los sindicatos a que acudan a la reunión convocada hoy en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla) «con la mentalidad de que todo el mundo tiene que ceder algo» para llegar a un acuerdo y terminar con un conflicto que está causando un «daño tremendo» a la economía de la región.
«Aquí todo el mundo tiene que ceder algo», abundó. «Yo sé que lo que digo hay gente que no le gusta porque quieren que me ponga solamente de una parte», reconoció, para descartar ubicarse solo del lado de unos porque, aunque ve «absolutamente razonables» las reivindicaciones de los trabajadores, considera que «no es el mejor momento» para una huelga, insistió.
Sin embargo, fue la figura de Marcano, como máximo responsable de Industria, la que ha soliviantado a los huelguistas y a la representación social conformada por CC OO, UGT y USO. ¿El motivo? Los servicios mínimos impuestos por la Administración, que los sindicatos en algunos casos tildan de «abusivos», pero en otros directamente como «ilegales» al entender que la Consejería no tiene competencia para regular la actividad ante una huelga en determinadas industrias de carácter privado, más allá de algunas plantas puntuales en la que debe quedar garantizada la seguridad general.
Así se lo recordaron los manifestantes debajo de su despacho en el Pctcan, una concentración azuzada no sólo con pancartas y cánticos, sino que estuvo acompañada de bocinas, pitidos, petardos y diversos descalificativos. La ola de protesta llevó al propio Marcano a bajar a la calle para invitar a los sindicatos a una reunión en torno a los servicios mínimos.
Tras la misma, Industria informó de que justamente ayer ha iniciado inspecciones para controlar que se respetan las condiciones de los servicios mínimos concedidos a empresas afectadas por el sector del metal y que éstas no se exceden o emplean para actividades no previstas en ellos.
Ese fue el mensaje de Marcano a CC OO, UGT y USO. Según los sindicatos, estos servicios mínimos suponen un «boicot» a la huelga, son «injustificados», «abusivos y desproporcionados», y además no han sido abordados con la representación social.
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Frente a estos argumentos Marcano defendió que dichos servicios mínimos están «avalados» por los servicios jurídicos y aseguró que se han concedido para evitar «problemas de seguridad» en diversas empresas que, por ejemplo, tienen que operar con productos químicos.
Desde la Consejería recordaron que los servicios mínimos concedidos son a subcontratas de empresas grandes que se dedican a temas de seguridad. Además, también se han fijado servicios mínimos para las ITV por su condición de servicio «esencial».
Los representantes sindicales reiteraron ante el consejero su oposición a estos argumentos y creen que no deberían haberse concedido.
«No hay servicios mínimos legales en la empresa privada», defendió el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Luis Díez, en su intervención ante los trabajadores concentrados para dar cuenta del cónclave.
Ante las explicaciones de los sindicalistas sobre la justificación de Marcano a estos servicios mínimos se escucharon gritos de «¡Mentira!».
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Desde la parte sindical reiteraron ante los trabajadores que estas directrices no se han dictado por razones de seguridad, como afirma Marcano, sino para que «las grandes empresas sigan produciendo». «Y no lo vamos a permitir», advirtieron.
Ante la escalada y desgaste a nivel político que adoptó el conflicto, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, que desde sus áreas de Gobierno, especialmente en Empleo, está mediando tanto en el Orecla como fuera de la mesa negociadora para buscar soluciones, incluso con la ministra de Industria, Reyes Maroto, pendiente de los acontecimientos, mostraron «esperanza por llegar a un entendimiento para conseguir lo antes posible un acuerdo que solucione la difícil situación».
La consejera de Empleo, Eugenia Gómez de Diego, insistió en que «las partes deben negociar, desde la buena fe negociadora, para que se pueda desconvocar la huelga y se llegue a un acuerdo con un convenio colectivo justo. Reflexión, nuevas propuestas y avanzar».
Por otro lado, el portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, dijo que «los sindicatos deben abandonar su intencionalidad política y dedicarse al servicio de los trabajadores. Y los empresarios deben ofertar fórmulas flexibles, y a varios años, de aceptación de la subida salarial que los trabajadores legítimamente demandan».
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