La UE tensiona a la industria cántabra al encarecer las emisiones de CO2

Esta salvaguarda, reclamada desde hace tiempo por gigantes cántabros como Global Steel Wire, conlleva una contrapartida: la presión sobre la industria regional aumentará al encarecer las emisiones de C02, en la actualidad en máximos por encima de los 50 euros por tonelada y una de las principales razones que explican la escalada progresiva del precio de la luz de los últimos meses.

Bruselas ya tiene decidido exigir a las industrias una rebaja en sus emisiones. Para ello tendrá diversos mecanismos. El primero, un mayor precio por tonelada; y, el segundo, una limitación directa. Lo que la Comisión pretende, en definitiva, es que la aportación del sector secundario al objetivo general de disminución de las emisiones de toda la economía europea pase del 43% actual al 61% en 2030. Ese incremento notable, 18 puntos, se abordará con un recorte de 117 millones de títulos en el mercado de emisiones, lo que se logrará elevando el precio; así como una reducción progresiva de la entrega gratuita de títulos, de la que hasta ahora se beneficiaban los grandes gigantes industriales de Cantabria.

La Unión Europea ya piensa en alcanzar en 2030 una rebaja general del 55% en comparación a las emisiones registradas en 1990. Este esfuerzo evidentemente tendrá un impacto notable para el sector industrial y obligará a nuevas inversiones, por lo que como compensación también anuncia medidas protectoras.

La principal, el mencionado arancel medioambiental, un mecanismo con la intención de gravar en las fronteras de la Unión Europea la importación de productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro de los límites continentales. «Es una herramienta de política medioambiental, no una tarifa, no un impuesto», sostuvo días atrás el eurocomisario de Economía Paolo Gentiloni, para admitir que «hay mucha atención, curiosidad y preocupación sobre esta decisión a nivel global». Por el momento, tanto Estados Unidos como China y Rusia ya han protestado contra la medida, que amenaza con derivar en nuevas guerras comerciales como las vividas durante la etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca estadounidense.

El nuevo sistema no será de aplicación inmediata, sino que se implementará de manera progresiva. Habrá una etapa de transición entre 2023 y 2025, en la que los importadores, a modo de preparación, estarán obligados únicamente a informar del CO2 que emiten para fabricar sus productos. Será a partir de 2026 cuando empiecen a pagar de forma obligatoria. En paralelo, se suprimirán paulatinamente los permisos de emisión gratuitos de los que gozan ahora estos sectores en la Unión Europea, estrechando el cerco sobre las empresas, incluidas las cántabras.

La siderurgia europea ya urgió en junio del año pasado que la Comisión tomara medidas para frenar las importaciones en plena ola de covid. Entre los firmantes del manifiesto, el Grupo Celsa, que en Cantabria tiene compañías como GSW, Tycsa o Global Special Steel Products.