Un bloqueo a la médula espinal de la industria

Ni los trabajadores recuperarán el dinero que están perdiendo con las jornadas de huelga, ni el ahorro para las compañías compensará el daño presente y futuro en forma de pérdida de contratos, sanciones de clientes por incumplimientos o riesgos de deslocalización por parte de centros de decisión cuyo sdespachos se sitúan a miles de kilómetros de España.

A la huelga del metal en Cantabria, que hoy abordará su decimocuarta jornada, nadie quiere ponerle cifras de pérdidas, en muchos casos porque las propias fábricas quieren protegerse de la competencia, pero el perjuicio a la economía de la Comunidad ya se da por descontado. Más viendo los precedentes —covid, crisis de suministros, guerra... — que habían debilitado al sector secundario.

Como referencia, el ámbito del metal supone cerca del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) cántabro; con el 41% del PIB industrial. En números, aproximados, una actividad junto a sus ramificaciones y operaciones vinculadas de en torno a 1.150 millones de euros ahora mismo bloqueado y sufriendo una sangría diaria por falta de acuerdo.

El convenio colectivo para la industria siderometalúrgica de Cantabria regula las obligaciones y derechos del personal adscrito a este ámbito laboral. Hay otras empresas, las grandes por lo general, que cuentan con su propio convenio. El anterior convenio expiró el 31 de diciembre de 2020, una demora de casi año y medio que ha levantado críticas también entre algunos empresarios.

personas trabajan en el sector del metal en Cantabria, según un informe específico de CCOO sobre el sector.

Sin embargo, no todas las personas trabajadoras en el sector del metal están afectadas por la negociación de este convenio: en torno a 6.000 poseen convenios empresariales propios.

Algunas empresas como Glocal Steel Wire, SEG Automotive, Ferroatlántica o Reinosa Forgints & Castings tienen convenios propios.

En las ahora 13 jornadas de huelga completadas tanto la patronal Pymetal, en algunas ocasiones con la mediación del propio Gobierno de Cantabria, se han sentado nueve meses en el Orecla.

Además, habría que añadir otras tres o cuatro reuniones previas a las movilizaciones. En paralelo se han producido, por ejemplo el lunes, encuentros discretos fuera de la mesa entre algunos de los actores para tratar de acercar posturas.

La representación social, compuesta por CC OO, UGT y USO, puso sobre la mesa dos líneas rojas que no pensaba traspasar: preservar el plus de convenio y mantener la jubilación parcial. Pymetal, en un primer momento, quería retirar ambas.

El pasado viernes la patronal ofreció mantener la jubilación parcial, pero no así el plus. El sábado se levantó de la mesa en el Orecla y retiró su propuesta del día anterior. En un intento de desbloqueo de las negociaciones intentaron centrarse en el aspecto económico, pero en este punto también se atascó el proceso.

En concreto, se asume que 2021 es un año ya transcurrido, con un IPC que alcanzó el 6,5%. La parte social reclama que este incremento se consolide en las tablas salariales de 2021, así como una paga de atrasos que compensara parte de esta inflación ya registrada.

En todo caso, los sindicatos pretendían que ese IPC quede recogido en tablas, igualmente aunque sea una gran parte del mismo, para consolidarlo, pero Pymetal no acepta esa aspiración. O una vía u otra: subida o abono de atrasos, no las dos.

Como ejemplo, un abono de 600 euros pero sin revisión de tablas. La última oferta, tampoco admitida por la patronal, fue un pago de 450 euros y consolidar en tablas salariales en 2021 un aumento del 4,5%.

El resto de los ejercicios, en especial 2023 y 2024 se observan como menos conflictivos. Otra cuestión es 2022, donde la parte social reclama una subida y posteriormente una revisión al 70% del IPC con que se acabe el ejercicio. No obstante, una cuestión esencial: Pymetal aduce que sí se aviene a la revisión, para añadir la diferencia en tablas al 1 de enero del año siguiente, pero sin pagar atrasos. Por aquí no pasan los sindicatos.

El daño ya está hecho y será grande. Según estimaciones de la Federación Cantabria Metal, que no participa en la negociación pero que sostiene que representa al 20% de las empresas y más de 2 750 trabajadores, cada empleado que está participando en la huelga había perdido en salarios no percibidos unos 800 euros (los afiliados a USO algo menos por contar la organización con 'caja de resistencia'). Habría que agregar días de antigüedad, vacaciones y la proporción de pagas extra.

Desde el punto de vista de las compañías el escenario que se pinta es desolador. No solo por las pérdidas directas, sino igualmente por el momento en que se ha producido este bloqueo, con muchas fábricas todavía lamiéndose las heridas de la pandemia o, directamente, afrontando las nuevas dificultades derivadas de la inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero hay más: la Comunidad ha dejado de ser vista a nivel internacional como un territorio en el que reina la paz social. Esto preocupa sobremanera en las fábricas integradas en grupos multinacionales, donde el primer competidor es la delegación asentada en otro país. De ahí también el celo a difundir las cifras de pérdidas.

En las consecuencias a futuro, se perderán contratos, habrá sanciones para las compañías que no puedan cumplir sus plazos de entrega y habrá dudas a la hora de abordar inversiones o proyectos industriales.

Natalia de los Arcos, presidenta de la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (Asecove), apunta que «llevamos 11 días sin facturar», en referencia a los talleres oficiales de las marcas de vehículos, cerrados desde que arrancó la huelga. En cifras, 32 establecimientos y 587 trabajadores. «Si no se arregla el asunto, más vale cerrar de forma definitiva. Nos saldría más barato», lamenta la portavoz.

Hay más afectados de forma directa, desde las viviendas u hoteles que esperan a un electricista que está en huelga, hasta comerciales o repartidores que tienen un vehículo averiado y no encuentran dónde poder repararlo.

En las estaciones de ITV el personal disponbile sería próximo al 70%, totalizando 110 empleados, según explicó al arrancar la huelga Itevelesa, concesionaria de ocho puntos de ITV en Cantabria.

La inquietud inicial con que se abordó la huelga en las primeras jornadas ha mutado a verdadero pánico desde la órbita de las empresas que no participan directamente en la negociación, pero que sí se están viendo afectadas de manera indirecta por el conflicto del metal. De hecho, anticipan «empresas en quiebra y despidos», así como pérdidas de proyectos y competitividad.

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, lo deja claro. «Es el mayor palo económico en Cantabria tras la pandemia y la gente no es consciente de ello». Conde sigue muy de cerca el devenir de los acontecimientos e insta a llegar a un acuerdo lo antes posible. «La huelga del transporte también tuvo impacto, pero el problema es que este conflicto no tiene tanta repercusión. Ha sido en el peor momenot posible y no se lo puede permitir nadie. En mi opinión, es la mayor responsabilidad que se ha cometido en años».

El portavoz de los empresarios va más allá y pone el foco en una obviedad. «Las empresas están guardando la información de pérdidas y daños indirectos. Se corre el riesgo de que el que decide a kilómetros de distancia diga que »ya que estáis parados, no abráis más«. Cuando se pertenece a una multinacional se hace competencia directa con otros centros».

Desde CEOE abundan en que es «el peor acontecimiento económico de este año en Cantabria. Provocar una huelga sin agotar la vía de negociación es algo que no entendemos. No sabemos si los sindicatos a nivel nacional están influyendo en algo en esta huelga y si la región es una especie de conejillo de indias».

En síntesis, «Cantabria era vista como una región tranquila y ahora es vista con una conflictividad laboral importante. Que nadie dude de que la imagen previa se ha roto».

Desde la Cámara de Comercio su presidente, Modesto Piñeiro, realizó «tanto a empresarios como a trabajadores y sindicatos un llamamiento a la responasbilidad, por la supervivencia empresarial y la recuperación económica de Cantabria2.

Piñeiro avanzó que «son varias las empresas que ya plantean de nuevo ERTE a la totalidad de la plantilla; varias las que han roto contratos internacionales; y algunos proyectos de calado han vuelto a sus países de origen, perdiendo así a las empresas, los trabajadores y la región en su conjunto una alta competitividad en un mercado que no perdona». Como corolario, dijo que «hay trenes que no pasan dos veces y Cantabria se está jugando en estas semanas la viabilidad de muchas empresas del sector».

Tomás Dasgoas, presidente de la Federación Cantabria Metal, quiso trasladar el sentir de sus asociados y de varias compañías que el lunes acudieron a la asamblea del colectivo. «No se está resaltando la repercusión que la huelga supone al sector, tanto a empresas como trabajadores; tampoco estamos viendo que nuestros trabajadores conozcan bien numéricamente cómo les afecta el seguimiento. Estamos avanzando sin conocer toda la sociedad el daño que nos estamos haciendo. Además, no se está defendiendo el derecho al trabajo», anota.