Trabajo abre expediente sancionador a Santillana por la prevención laboral de sus operarios

En su denuncia, USO hacía hincapié en el riesgo de las funciones encomendadas a los trabajadores, como la aplicación de herbicidas que «contienen glifosato al 48%» y cuya aplicación, afeaban, se efectúa «sin la dotación de material de protección individual afectado». En la misma línea, la denuncia recoge que «la Organización Mundial de la Salud clasificó en 2015 el glifosato como un probable carcinógeno para los seres humanos».

Más aún. La Inspección también evaluó el tratamiento de amianto que ha podido efectuar personal municipal, en particular los operarios adscritos al área de servicios múltiples y limpieza, 18 personas en total. A este respecto, el informe recoge que «la red de suministro de agua a la población ha sido renovada por la Comunidad, siendo efectuados los trabajos por empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). No obstante, quedan tuberías antiguas en algunos barrios pequeños en las que ocasionalmente se puede producir alguna fuga, que se repara mediante encapsulamiento de la tubería, sin proceder ni a corte ni a la sustitución de ésta. La última reparación se llevó a cabo en verano de 2018».

Ahora bien, los inspectores corroboraron que «el Ayuntamiento carece de un plan único para realizar estos trabajos ocasionales, de mantenimiento y reparación, de corta duración y no programables». Por ello, se requiere al municipio para que en un mes elabore el citado documento único para arreglar las tuberías de «fibrocemento de suministro de agua y saneamiento que puedan contener amianto».

Aún hay más. El organismo sancionador igualmente abordó el hecho mencionado en la denuncia de USO concerniente a que de los 14 operarios de los servicios múltiples, cuatro están afectados por diversos procesos cancerígenos. Si se suma el personal de limpieza, la cifra llega a seis convalecencias de 18 trabajadores, el 33%. El sindicato precisó en su momento que lo que pretendía era que se analizara la situación sin establecer de antemano que existiera una relación causa-efecto en el Consistorio. Esa conclusión se la dejaba a la Administración, para que efectuara un estudio que corroborase o refutara si el «modo de desempeñar las actividades laborales» se hallaba en el centro del asunto.

La Inspección no saca conclusiones, principalmente porque «no se pudo identificar fehacientemente ni las enfermedades padecidas ni los trabajadores afectados, en base a la exigencia legal de protección de datos». No obstante, el organismo insta a que los afectados planteen su pretensión en vía judicial «para dirimir la cuestión en procedimiento público y contradictorio en el que, tras la valoración de la prueba aportada por las partes, el juzgador decida la existencia o no de relación de causalidad entre la enfermedad y el trabajo».

Desde el equipo de gobierno que dirige el socialista Ángel Rodríguez se consideró que esta denuncia era un «intento de desprestigio y de daño a la imagen municipal» y lo definió como «un chantaje» del presidente del comité de empresa, delegado del sindicato USO, «por su implicación» en el procedimiento judicial que se esta llevando a cabo por el presunto robo del parking municipal. UGT y CC OO desmintieron al alcalde al validar igualmente la denuncia de USO en un comunicado conjunto.

Más allá de este ataque público, el denunciante ha sufrido represalias, algo que igualmente se ha denunciado a Trabajo. Días después de la visita de los inspectores se modificaron las funciones del trabajador de forma que «le perjudican». Como ejemplo, se le prohibe utilizar el vehículo municipal para trasladarse a zonas de aseo y descanso durante el tiempo de reposo. Además, se le ha enviado a desbrozar matorrales sin posibilidad de aseo ni comer el bocadillo en espacio apropiado. Como colofón, ya no realiza trabajos extraordinarios y se le ha denegado el abono de un trienio.